CASO ODEBRECHT

“Fue tal el trato y la premura, que la pieza fue conocida y aprobada con una única lectura”, señalaron los representantes del Ministerio Público.Mientras daban lectura a la acusación, los fiscales reiteraron que el encartado Bautista García incurrió en soborno en el ejercicio de la función, enriquecimiento ilícito y falsedad en sus declaraciones juradas.Precisaron que en los movimientos bancarios del 4 de enero de 2002 al 19 de julio de 2012, el imputado registró créditos por RD$7,060,325.93, de los cuales el 64% correspondió al concepto de transferencia y el 36% a depósitos. “En el curso de sus funciones como legislador, Bautista García fue acumulando una fortuna que no tiene explicación razonable”, indicaron los fiscales, tras explicar que el imputado también incrementó su patrimonio inmobiliario. Bautista García, según estableció el Ministerio Público, recibió del 2002 al 2010 RD$1,099,849,567.43 adicional a sus ingresos salariales.Los representantes del órgano persecutor de la corrupción también leyeron la acusación contra Tommy Alberto Galán Grullón, reiterando que el imputado recibió sobornos de dicha empresa en el ejercicio de la función pública como diputado y senador por la provincia San Cristóbal, desde  2002 hasta 2016. Detallaron que en el caso de Galán Grullón, en el período de 2006 a 2010 tuvo un aumento de su patrimonio poco significativo, pero que, de manera sorprendente, aumentó en el 2016 cuando declaró RD$31,704,547.00, aumentando en este último año en RD$12,304,547.00.Los fiscales establecieron que el exlegislador incurrió en lavado de activos a través de la sociedad Galán Grullón y Montás S.R.L, la cual fue transformada en Galán Grullón y Montás C. por A., pasando a ser de una sociedad anónima a una sociedad de responsabilidad limitada. También, los representantes del Ministerio Público procedieron con la lectura de la acusación contra Juan Roberto Rodríguez Hernández, de quien, igualmente, reiteraron que recibió sobornos como funcionario, mientras ejercía de director del  Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), en el período 2000-2004.Los fiscales expresaron que el imputado utilizó el cargo para conceder el contrato de construcción del Acueducto de la Línea Noroeste, mediante la firma del primer contrato con la compañía brasileña.A Rodríguez Hernández el Ministerio Público le atribuye también los delitos de enriquecimiento ilícito, falsedad en las declaraciones juradas de bienes y lavado de activos producto de infracciones graves.Los miembros del Ministerio Público señalaron que dicho imputado en el año 2006 recibió ingresos por salarios por un monto de RD$2,047,772.98, pero colocó en el sistema financiero RD$23,070,050.33. Dentro del manejo de una cuenta en dólares, Hernández Rodríguez presentó una variedad de depósitos mayores de US$100 mil y que totalizan US$1,687,892.27. De igual manera, la acusación también señala que el imputado utilizó la sociedad comercial Terraza San Isidro, S.R.L, para justificar y/o lavar los movimientos producto del soborno.El Ministerio Público en turnos anteriores leyó la acusación del caso Odebrecht contra Ángel Rondón Rijo, Víctor Díaz Rúa y Conrado Pittaluga, quienes son imputados por los sobornos junto a Andrés Bautista, Tommy Galán Grullón y Roberto Hernández Rodríguez. El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), procurador adjunto Wilson Camacho, representa al Ministerio Público en el juicio junto a los fiscales Mirna Ortiz, Milcíades Guzmán, Isis de la Cruz, Joel López, Ángel Darío Tejeda Fabal, Wagner Cubilete y José Miguel Marmolejos Vallejo, y los fiscalizadores Elizabeth Paredes Ramírez y Ernesto Guzmán Alberto. Las juezas Esmirna Gisselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo luego de la lectura de la acusación contra los seis imputados y cumplido el horario establecido, suspendieron el juicio para continuar este martes, 17 de noviembre de 2020, a partir de las 9:00 de la mañana.

NOTI IMPACTO, La importancia de tener un Poder Judicial independiente vuelve a ser tema de debates ante un conflicto de intereses entre la función jurisdiccional y la activa militancia política que tuvo el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina Peña, quien horas antes de ser juramentado puso fin a su activismo en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) órgano al que pertenecen dos de los seis imputados por los sobornos pagados por la Constructora Norberto Odebrecht.Durante la entrevista ante el Consejo Nacional de la Magistratura, este también fue un tema que llamó la atención del consejero José Ignacio Paliza al destacar que entre todos los aspirantes a integrar la Alta Corte él era la figura política de más nombre o de más trascendencia y por tal razón le preguntó ¿cómo convencernos a nosotros y al país que esa relación política que existe, su militancia, miembro de un organismo importante de su partido, no va a generar o afectaría la independencia del Poder Judicial y más aún, mantendría esa codependencia que existe entre el poder político y poder judicial?“Estamos claros de que hay una incompatibilidad de juez y cualquier otra actividad no sea la docencia...