NOTI IMPACTO- PUERTO PLATA (República Dominicana).- La Fiscalía logró que los jueces del Tribunal Colegiado de esta jurisdicción impusieran una condena de 20 años de prisión al hombre que mató a una mujer de ocho puñaladas en distintas partes del cuerpo.  José Félix Almonte Brito (Arismendy) mató a Socorro Almonte de la Cruz, el 11 de junio de 2020, en Rancho Ambrosio, en El Cupey, Puerto Plata.La acusación, sustentada ante el tribunal por los fiscales Ana Mariela Hernández y Jesús Valenzuela, establece que el día del funesto hecho Almonte de la Cruz estaba limpiando la casa mientras en el lugar se encontraban varios amigos de la familia jugando dominó.En medio de ese ambiente, el victimario, quien era una persona de confianza de la casa, acompañó a la víctima a una pocilga que se encontraba en un lugar apartado de la casa y una vez allí le propinó varias estocadas que le provocaron la muerte. Según consta en el informe de autopsia No.

Basta ya de que las mujeres mueran en manos de sus parejas o exparejas”, proclamó.Sostuvo que la sentencia constituye un ejemplo claro de que el Ministerio Público solo se debe a la justicia y que quien cometa este tipo de hecho contra las mujeres, tendrá de frente la justicia y tendrá su condena como ocurrió con el imputado Villanueva Ohnona.Durante el desarrollo del juicio, las representantes del Ministerio Público presentaron al tribunal pruebas documentales, materiales y periciales para sustentar el expediente acusatorio con las que demostraron que se trató de un crimen con hechos probados de violencia de género y homicidio voluntario.En la acusación instrumentada por la Fiscalía del Distrito Nacional se establece que los actos cometidos por Villanueva Ohnona constituyen los tipos penales de homicidio, violencia de género e intrafamiliar, delitos previstos y sancionados en los artículos 295, 304 y 309 numerales 1, 2 y 3 literal E, del Código Penal Dominicano, modificado por la Ley 24-97.El condenado deberá cumplir la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís.La sentencia será leída de manera íntegra en una audiencia pública fijada para el 15 de abril, a las 9:00 de la mañana, en el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito, en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

NOTI IMPACTO- SANTO DOMINGO.- El exdirector de la Oficina Para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), Diandino Peña, volvió este miércoles a ser interrogado durante más de tres horas por la Procuraduria Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).A Peña, su esposa y otros familiares se les investiga sobre una supuesta sustracción de más de 9,200 millones cometida por el primero a su paso por la OPRET.Al salir de la Pepca, el exfuncionario dijo que confía en la justicia y que espera que el proceso que realiza el Ministerio Público en su contra no deteriore su salud.Expresó que se siente bien, en capacidad de responder «y de venir cuantas veces me requieran».

El fallo fue aplazado para el próximo viernes 12 de marzo, a las 3:00 de la tarde.La procuradora adjunta encabeza, junto al titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, el equipo de fiscales litigantes que representa al Ministerio Público en la audiencia para la revisión obligatoria de las medidas que inició el pasado 1 de marzo.El Ministerio Público procura que Martínez Abreu ratifique la prisión preventiva que le impuso en diciembre pasado el entonces juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, al imputado Juan Alexis Medina Sánchez. De acuerdo a la acusación, Alexis Medina, principal imputado de dirigir el entramado de corrupción, se enriqueció a costa de los recursos de los contribuyentes, valiéndose de su vínculo familiar directo con el poder político, en calidad de hermano del entonces presidente Danilo Medina (2012-2020).El órgano a cargo de la investigación también pidió que sea ratificada la prisión preventiva a Francisco Pagán Rodríguez, exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe); Aquiles Alejandro Christopher, exdirector de Fiscalización de Obras de la Oisoe; Fernando Manuel Aquilino Rosa Rosa, expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper); Wacal Vernavel Méndez Pineda, Julián Esteban Suriel Suazo y a José Dolores Santana Carmona, imputados como presuntos testaferros de Alexis Medina. Desde el pasado mes de diciembre el grupo cumple prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal.Igualmente, solicitó que se mantenga el arresto domiciliario por tres meses impuesto a Carmen Magalys Medina Sánchez, hermana de Juan Alexis Medina Sánchez y del expresidente Danilo Medina Sánchez, y a Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, exministro de Salud Pública. Carmen Magalys e Hidalgo Núñez también tuvieron que pagar en diciembre pasado una fianza de 10 millones de pesos mediante contrato y se mantienen con impedimento de salida del país. El Ministerio Público solicitó también que sea confirmado el arresto domiciliario e impedimento de salida del país impuesto a Rafael Antonio Germosén Andújar, ex contralor general de la República, y la presentación periódica impuesta al encartado Domingo Antonio Santiago Muñoz.

 También que sea ratificada la prisión preventiva a Francisco Pagán Rodríguez, exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe); Aquiles Alejandro Christopher, exdirector de Fiscalización de Obras de la Oisoe; Fernando Manuel Aquilino Rosa Rosa, expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper); Wacal Vernavel Méndez Pineda, Julián Esteban Suriel Suazo y a José Dolores Santana Carmona, imputados como presuntos testaferros de Alexis Medina.Desde el pasado mes de diciembre el grupo cumple prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal.Los fiscales litigantes además procuran que se mantenga el arresto domiciliario por tres meses impuesto a Carmen Magalys Medina Sánchez, hermana de Juan Alexis Medina Sánchez y del expresidente Danilo Medina Sánchez, y a Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, exministro de Salud.Carmen Magalys e Hidalgo Núñez también tuvieron que pagar en diciembre pasado una fianza de 10 millones de pesos mediante contrato y se mantienen con impedimento de salida del país.El Ministerio Público busca también que sea confirmado el arresto domiciliario e impedimento de salida del país impuesto a Rafael Antonio Germosén Andújar, ex contralor general de la República, y la presentación periódica impuesta al encartado Domingo Antonio Santiago Muñoz.Una investigación de ese órgano a cargo de la investigación llevó a la desarticulación en diciembre pasado de la red de corrupción sustentada en un entramado de compañías de carpetas controladas por Juan Alexis Medina Sánchez. En horas de la noche del pasado jueves el juez Martínez aplazó la audiencia para escuchar este lunes los argumentos de los fiscales, quienes mantienen firme su petición de que se mantengan las medidas de coerción que les fueron impuestas en diciembre pasado por el entonces juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas.La audiencia para la revisión de la medida inició el pasado 1 de marzo.

- Los abogados de Luis Inchausti salieron en defensa del exdirigente político, donde confirmaron que la señora Nuria Piera ofreció una declaración en contra de Inchausti a través de Twitter que no se corresponde con la verdad, ya que de ninguna manera ha comprometido su responsabilidad penal,” él es la víctima en el proceso”.La Licenciada Jacqueline Jiménez García, conjuntamente con los abogados Jhon Garrido y Julio Moreta, defensa técnica en combinación con la defensa material de Inchausti, refutan tal declaración, las cuales se han regado como pólvora en los diferentes medios de comunicación sobre todo “Digitales” en contra de su cliente Luis Inchausti.“La señora Karina fue a quitarle la niña de forma violenta, halándola por los brazos y para que no la tirara al piso, el señor Luis fue a defender a su hija y en ese ínterin se cayeron al piso y el fue agredido por ella, dándole, como se ve en las fotos, arañándolo en brazos, antebrazos y dándose un golpe en la pierna, tomando en cuenta que Inchausti es una persona envejeciente, enfermo, de 79 años de edad y además no existe prueba alguna en su contra”, adujo la jurista.La jurista Jiménez García, manifestó que el famoso “video” que la señora dice tener, la muestra a ella filmándolo, el hablando alto, pero no agrediéndola de ninguna manera, en ningún caso la menor de edad hija de ambos, cuyo nombre se omite por asuntos legales ha declarado que ha visto a su papá pegándole a su mamá, ella se ha negado a hablar en todas las instancias, y lo poco que ha dicho es que ambos estaban peleando, esta situación viene ocurriendo desde hace mucho tiempo de parte de la señora Karina Botello.La doctora Jacqueline Jiménez García reveló que Karina Botello, persigue al señor Luis Inchausti, vuela cercas de su casa, penetra a su hogar, hace escándalos por episodios de celos y no ha querido aceptar que nuestro defendido, “ya no tiene nada con ella”, no es la primera vez que ella inventa, que ha sido agredida por Inchausti, como lo hizo en el caso de la Clínica Ginecología y Obstetricia, ella tiene la costumbre de mediatizar los procesos penales que implican niños y niñas, y que están prohibido por la Ley.De su lado Fidelca Inchausti, quién manifestó que viernes espera que el Tribunal dicte libertad pura y simple a favor de su padre Luis Inchausti, quien se encuentra detenido desde el pasado sábado en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.Sostuvo que la Ley 352-98 lo protege por ser una persona envejeciente, además cuenta con un certificado médico legal, todo lo demás es especulación, no es una persona antisocial, tenemos declaraciones de vecinos, la iglesia y de personas notables de la sociedad, que pueden dar fe y testimonio de que el señor Luis Inchausti no es una persona agresiva.También contamos con el testimonio de sus exparejas, las cuales van a estar presente en todo el proceso, para dar fe y testimonio que cuando convivieron con el señor Luis Inchausti nunca fueron agredidas ni física ni verbalmente.

Las personas que están en el juicio tienen que defenderse de lo que está en juicio, los demás tendrán que defenderse a partir de la investigación que se pueda desarrollar y se pueda continuar a raíz de la decisión del juez Vargas”, dijo.El procurador adjunto Wilson Camacho se refirió a los avances de las investigaciones de los casos de corrupción durante su participación en la entrevista central del programa El Despertador, del Grupo SIN, que se transmite de lunes a viernes por Color Visión, Canal 9 y por diversas plataformas digitales.Sobre el caso Odebrecht que se ventila en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, dijo que ya concluyeron con la presentación de los testigos brasileños Mauricio Dantas Bezerra, Rodrigo Cardoso y Marcelo Hofke y que a partir de ahora continuarán con la presentación de los testigos dominicanos.Con relación a las defensas de los seis procesados por el caso Odebrecht, dijo que han presentado una defensa en algunos aspectos sentimental y en otros ficticia, porque los han defendido sobre afirmaciones fácticas que no hace el Ministerio Público.En ese mismo orden, señaló que los han defendido sobre modalidades de corrupción sobre las que el Ministerio Público no ha hecho alusión sin centrarse en la acusación presentada en contra de cada uno de los seis imputados.Dijo que esas acusaciones fácticas el Ministerio Público las ha acreditado con Dantas Bezerra con sobrada información en el proceso, “tanto así que se incorporó una cantidad enorme de documentos que ya habían sido admitidos por el juez de la instrucción”.Igualmente, dijo que lo mismo ocurrió con los testigos Rodrigo Cardoso y Marcelo Hofke, quienes reafirmaron lo dicho por Dantas, lo cual ha permitido probar más allá de toda duda razonable la acusación presentada por el Ministerio Público.Durante su intervención, el magistrado Camacho dijo que se ha probado las empresas y las personas que recibieron  los sobornos.Dijo que los pagos se hicieron desde el Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht.

NOTI IMPACTO- SANTO DOMINGO (República Dominicana).- La Inspectoría General del Ministerio Público solicitó al Consejo Superior del Ministerio Público la suspensión sin disfrute de sueldo del procurador general titular de la Corte de Apelación Regional de San Pedro de Macorís, Roberto Encarnación Del Monte, hasta tanto concluya una investigación disciplinaria en curso.  El inspector general del Ministerio Público, procurador adjunto Juan Medina de los Santos, hizo la petición a través de una comunicación dirigida a la presidenta del CSMP, procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, a quien le pone en conocimiento sobre el inicio de la investigación que lleva a cabo a raíz de una denuncia formal recibida el 28 de diciembre del pasado año.  Encarnación Del Monte, según un auto emitido por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, se encontraba de licencia médica y, no obstante, dispuso la puesta en libertad de los señores Luis Méndez y Víctor Méndez, detenidos en la Unidad de Atención Integral a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de San Pedro de Macorís.  Sobre los beneficiados pesaba una orden de arresto, con el número 02709-2020, de fecha 21 de diciembre de 2020, emitida por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, ante una querella presentada por el señor José Osiris Méndez Féliz.  La Inspectoría General del Ministerio Público indicó que el incumplimiento de esas obligaciones ha afectado gravemente los derechos del señor José Osiris Méndez Féliz, así como a la institución, ya que no se pudo conocer medida de coerción para protección de los derechos de la víctima. Detalla que, luego de recibir la denuncia que refiere irregularidades realizadas por Encarnación Del Monte, se inició la etapa indagatoria, la cual arrojó que existen elementos suficientes para sostener que el investigado actuó contrario a la norma. Durante sus investigaciones, la Inspectoría ha podido establecer que dicho funcionario mantiene una conducta arbitraria, agresiva, intimidatoria, amenazante y desafiante en contra de los funcionarios de la Policía Nacional, de los miembros del Ministerio Público y de la población en sentido general. Indica que el procurador regional ejerce sus funciones indebidamente al incurrir en faltas graves y muy graves e inobservar los principios rectores del Ministerio Público, conducta que afecta gravemente la imagen de la institución.  La solicitud de la medida cautelar hecha al Consejo Superior del Ministerio Público está sustentada con diferentes elementos probatorios, que incluyen varios documentos y entrevistas, así como materiales audiovisuales.  El proceso de investigación contra Encarnación Del Monte ha recibido la calificación jurídica de violación a los artículos 9.5, 10.1, 10.2, 10.17 y 11.8, del Reglamento Disciplinario, así como los artículos 90.5, 91.1, 91.2, 91.17 y 92.

No obstante, al cadáver se le aplicó una prueba PCR, cuyos resultados confirmarán si estaba afectado por el coronavirus. Este centro, como los demás, cumple con el estricto protocolo diseñado para proteger tanto a los internos como al personal. Tres meses de coerción por tráfico de drogas   Elías David Escanio Soriano nunca olvidará que a las 3:00 de la tarde del 22 de diciembre de 2020 el rumbo de su vida sufrió un giro drástico, al ser acusado de intentar burlar el protocolo de seguridad del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, donde se desempeñaba como subdirector de seguridad para presuntamente introducir drogas prohibidas.  La carrera de Escanio Soriano, un agente modélico según sus superiores, terminó abruptamente y desde el 5 de enero de 2021 cumple tres meses de prisión preventiva, medida que le impuso el Magistrado Juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de San Cristóbal al examinar las pruebas presentadas en su contra y del interno Adriano Cordero Ramírez, quien fue identificado como su cómplice. A ambos se les acusó de violar los artículos 5, 6, 60 y 75 párrafo I y ll de la Ley 50/88 y los artículos los artículos 265 y 265 del Código Penal, al supuestamente introducir un kilo de cocaína y 593 gramos de marihuana al recinto, intentando burlar el protocolo de seguridad, amparados en la posición del funcionario de la prisión. Adriano Cordero Ramírez cumple 7 años en el Centro Najayo Hombres, entretanto un motoconchista solo identificado como "Maclen Yio Yeudy" y quien supuestamente llevó la droga al recinto bajo el alegato de que "esa pertenencia es de David", fue declarado prófugo, pues soltó el paquete y huyó del lugar cuando la agente de seguridad pidió revisar el contenido de la funda que entregó.  Una investigación con participación de agentes antidrogas al contenido del paquete determinó que el mismo contenía 1 kilo de un polvo blanco que resultó ser cocaína y 593 gramos (poco más de medio kilo) de marihuana.

NOTI IMPACTO- La supuesta red criminal que creó Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, para beneficiarse con compras del Estado ilícitamente probablemente “no se detuviera en el imputado”.“Por acción u omisión de conductas que se investigan, es probable que la cabeza operativa de este entramado que funcionaba como un pulpo, no se detuviera en el imputado Juan Alexis Medina Sánchez”, especifica el Ministerio Público en la solicitud de medida de coerción.Aun si, el órgano acusador explica que la red que involucraban alrededor de ocho empresarias, supuestamente manejada por Alexis, a través de testaferros, y con el tráfico de influencias y violaciones a múltiples leyes, crearon un millonario entramado para beneficiándose ilícitamente con pagos de miles de millones de pesos de varias instituciones del Estado.Explica que Alexis creó la red desde que su hermano, el exmandatario Danilo Medina asumió el poder en el 2012.Supuestamente, para el libramiento  y la rápida aprobación de los pagos a las compañías del entramado societario contaban con la participación del excontralor Rafael Germosén (octubre 2012-septiembre 2016) quien, dice el Ministerio Público, de manera irregular omitía  los procedimientos legales para favorecer a los mismos.Las empresas de este entramado, y que el Ministerio Público está solicitando la clausura temporal, son Domedical Supply SRL, Suim Suplidores Institucionales Méndez SRL, General Medical Solution A.M. SRL, United Suppliers Corporations SRL, Kyanred Supply SRL, General Supply Corporations, Wattmax Dominciana SRL y Fuel American Inc. Dominicana SRL.Para todo esto, y no aparecer como el propietario de dichas compañías, Alexis presuntamente utilizaba a los imputados Julián Esteban Suriel Suazo, José Dolores Santana Carmona y Domingo Antonio Santiago Muñoz como testaferros.En el documento también específica a que Alexis se le consideraba en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), más poderoso que el exdirector general, Francisco Pagán, también imputado,  y que visitaba la institución entre tres y cuatro veces a la semana.Alegadamente también tenían influencia hasta en los nombramientos de empleados en la referida entidad.Alexis es acusado de utilizar sus influencias y de ser ayudado, para lucrarse ilícitamente, por los siguientes imputados: su hermana Carmen Magaly Medina, ex vicepresidenta del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER), y Fernando Rosa, expresidente de la entidad.También de Rafael Germosén, excontralor general de la República; Freddy Hidalgo, exministro de Salud Pública; Francisco Pagán, exdirector general de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe); Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, exministro de Salud Pública y Aquiles Christopher, de la Unidad de Análisis de la OISOE.La medida de coerción de estos 10 imputados por corrupción administrativa será conocida el próximo domingo a las 10 de la mañana.La decisión se tomó mediante consenso entre el juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, el Ministerio Público y los abogados defensores, para que estos últimos tengan tiempo para conocer el expediente.Contra los imputados, apresados tras una labor de inteligencia en la denominada “Operación Anti-Pulpo”, el Ministerio Público está solicitando que se le imponga prisión preventiva.Son acusados de aprovechar vínculos políticos para acumular fortunas durante el pasado gobierno del expresidente Danilo Medina.Los detenidos están recluidos, desde el pasado domingo, en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en el Distrito Nacional, la cual está bajo la custodia del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria.

- El Ministerio Público solicitó la noche de este lunes la imposición de prisión preventiva contra diez exfuncionarios, proveedores privilegiados del Estado y testaferros arrestados el fin de semana por aprovechar sus vínculos con el poder político para acumular fortunas millonarias.El cuerpo de fiscales, coordinado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), depositó la solicitud de medida de coerción por ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, a la que pidió la prisión preventiva para los imputados, de conformidad con el artículo 226, numeral 7, de la Ley 76-02 del Código Penal Dominicano.Como parte de la denominada Operación AntiPulpo, la Pepca apresó el domingo a los hermanos Juan Alexis Medina Sánchez y Carmen Magalys Medina Sánchez, así como a Francisco Pagán Rodríguez, Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez, Rafael Antonio Germosén Andujar, Fernando A. Rosa Rosa, Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, Domingo Antonio Santiago Muñoz, Julián Esteban Suriel Suazo y José Dolores Santana Carmona.El Ministerio Público determinó que el impetrante Juan Alexis Medina Sánchez dirigió una red criminal a nivel operativo, aprovechando su condición de hermano del entonces presidente de República, Danilo Medina Sánchez, quien agotó dos períodos constitucionales entre 2012 y 2020.Mediante el tráfico de influencias y las violaciones a múltiples leyes, los encartados en el caso crearon un millonario entramado societario que les permitió beneficiarse de los fondos de los contribuyentes, al recibir pagos de miles de millones de pesos del Estado, mediante operaciones ilegales en las que utilizaron a personas físicas y jurídicas.La dependencia del Ministerio Público solicitó audiencia para conocer las medidas de coerción en las próximas horas, así como la declaración del caso como complejo, al amparo del artículo 369 del citado Código Penal Dominicano.El organismo también solicita la clausura temporal de las razones sociales Domedical Supply SRL, Suim Suplidores Institucionales Méndez SRL, General Medical Solution A.M. SRL, United Suppliers Corporations SRL, Kyanred Supply SRL, General Supply Corporations, Wattmax Dominciana SRL y Fuel American Inc.

Aseguró que hasta el dominicano más humilde sabía lo que estaba ocurriendo en el país, como el caso de César El Abusador, al tiempo de precisar que cuando se inicie a mezclar corrupción con el acompañamiento del narcotráfico de algunos sectores, se sabrá lo profundo de la situación.“Dejen que el Ministerio Público no solamente se concentre en ese aspecto, sino también en la vinculación gente protegida por quienes están en la mira del Ministerio Público por acto de corrupción, pues no solamente era beneficiándose del Estado…Cuándo averigüen quién era que protegía a César El Abusador, ustedes verán nombres que van estar dentro de los allanamientos.