NOTI IMPACTO – La Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de Primera Instancia del Distrito Nacional, conocerá en audiencia este lunes 14 de julio a las 9:00am; una demanda interpuesta contra el Ministerio de Turismo y su titular, David Collado, asi como otras instituciones publicas y privadas, por plagio de obras, marca país.Dicha audiencia fue fijada para la fecha indicada, como parte del proceso judicial que se sigue por la empresa Eme Productions S.R.L., contra Turismo, Collado y otras instituciones públicas y privadas, quienes según la compañía, incurrieron en violacion a la ley 65-00 sobre derecho de autor, por el uso no autorizado de las obras "marca país" denominadas "aquí promovemos el país " y "República Dominicana: un pais especial; historia, cultura y turismo" autoría de la empresa demandante.Eme Productions S.R.L, a través de sus abogados, Johnny Rodríguez y Norberto Báez, aseguró que han presentado al Tribunal cientos de pruebas físicas y digitales sobre el alegado fraude cometido en su contra por las instituciones demandadas, quienes han promocionado al país con las marcas de la empresa sin la debida autorización, demostrando el origen de las obras plagiadas y las diferentes violaciones.Además, están siendo demandados la Presidencia de la República, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Centro de Exportación e Inversión de República Dominicana (Pro-Dominicana), la empresa Made in Spain S.R.L, funcionarios y miembros del sector privado que conforman la comisión multisectorial, creada mediante el decreto 466/2020, por mutilaciones a las obras creadas en 1994 y registradas entre 2005 y 2012, cuyas informaciones se encuentran en los archivos de la Oficina de Derecho de Autor hace más de 15 años.Los abogados de la empresa demandante, adelantaron que las instituciones imputadas tendrán que resarcir por daños ocasionados a Eme Productions S.R.L, por violación a la ley 65-00 sobre derecho de autor, tras indicar, que Made In Spain fue contratada para manejar las campañas de publicidad del Ministerio de Turismo por mucho tiempo y una inversión de más de 54 millones de dólares, mientras su registro mercantil indica que la misma se dedica a la exportación de productos agricolas, lo que constituye además, una violacion flagrante a la ley 340-04.La audiencia esta fijada para las 9:00 am.

NOTI IMPACTO - El presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), magistrado Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, y el ministro de la Vivienda y Edificaciones (MIVED), Carlos Bonilla Sánchez, y el director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), Olmedo Caba Romano realizaron un recorrido de supervisión a la construcción del edificio que alojará la nueva sede de la Alta Corte.La construcción de esta moderna edificación se inició en mayo de 2024 con el acto de primer picazo, y actualmente alcanza más de más del 60% de ejecución y la culminación de la misma se estima que este, para finales del presente año de acuerdo con el cronograma establecido y su entrega está prevista para diciembre de este año.El nuevo edificio contará con 4,882 metros cuadrados distribuidos en cinco niveles, concebidos para responder a las necesidades funcionales, operativas y administrativas del tribunal encargado de los procesos contenciosos electorales, las rectificaciones de actas del Estado Civil y los cambios de nombres en el país.El diseño contempla áreas clave para el desempeño institucional, entre ellas un salón de audiencias con capacidad para 220 personas, un comedor para 160 comensales, oficinas para directores y encargados de unidades, una biblioteca especializada, y un salón multiuso destinado al funcionamiento del Centro de Investigación y Capacitación en Justicia Electoral y Democracia (CICJED).Además, se ha dispuesto un área de salud y otros espacios funcionales orientados a brindar condiciones laborales óptimas y dignas para los servidores del “Tribunal de la Democracia”.La visita se llevó a cabo por invitación del magistrado Camacho Hidalgo, con el objetivo de que el titular del MIVED, constatara de primera mano cómo se desarrollan los trabajos, avances y detalles técnicos de la infraestructura.Esta nueva infraestructura busca fortalecer la institucionalidad democrática y garantizar un entorno adecuado para el ejercicio de las atribuciones constitucionales del TSE.El presidente del TSE, explicó el proceso de la obra, como se ha desarrollado.

“Inicia la etapa preparatoria que abre la fase de investigación, así que vamos por más”, enfatizó.“Estamos solicitando prisión preventiva, como medida de coerción, ya que se trata de una estafa contra el Estado en instituciones públicas de tal magnitud que perjudica la libre competencia de otras empresas”, indicó.Sostuvo que los militares y civiles implicados en la estructura de corrupción administrativa enfrentada por el Ministerio Público violan la Ley de Compras y Contrataciones (Ley 340-06) y, además, lo hacen instituciones que atienden necesidades de poblaciones vulnerables, como el caso del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), o de servicios básicos para la población y estratégicos para el desarrollo social y económico, como las empresas distribuidoras de electricidad.Además de solicitar prisión preventiva contra el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz y los coroneles Andrés Pacheco Varela, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández y Elías Camaño Pérez, el Ministerio Público solicita que el caso sea declarado complejo.La solicitud incluye al coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar y al primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos, al empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González, al coronel de la Policía Ramón Quezada Ortiz y al civil Bolívar Nicolás Fernández Espinal.Los imputados afectaron, además del Inaipi, al Seguro Nacional de Salud (Senasa) y a las empresas distribuidoras de electricidad del Norte (EdeNorte), del Este (EdeEste) y del Sur (EdeSur).La investigación del Ministerio Público partió de una denuncia remitida al Ministerio Público por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.  

68/2023 de fecha 23 de marzo del año 2023, sentencia que también se hizo definitiva mediante dos decisiones dictadas por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia.Criticó que “el director de Inespre, ingeniero David Herrera Díaz y el Tesorero Nacional, Luis Rafael Delgado Sánchez, han ignorado decisiones que ya tienen la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, debilitando la seguridad jurídica y el derecho a la ejecución de las sentencias y comprometiendo su responsabilidad civil” seploró.Asi mismo, el abogado Lincoln Paulino, criticó la postura de ambos funcionsrios, señalando que la negativa no solo afecta a los demandantes, sino que también sienta un precedente de desobediencia judicial desde el gobierno.La demanda en Responsabilidad Patrimonial del Estado, depositada el pasado 16 de junio ante el TSA, solicita una indemnización de RD$5,000,000 de pesos dominicanos en favor de cada uno de los extrabajadores demandantes, como justa reparación por los daños y perjuicios sufridos por estos y sus familias, también pide que la condena indemnizatoria sea conjunta y solidariamente con los funcionarios Herrera Diaz y Delgado Sánchez, en virtud de lo que establece el artículo 148 de la Constitución Dominicana. 

NOTI IMPACTO - El Tribunal Superior Electoral (TSE) capacitó a colaboradores de la Dirección General de Pasaportes (DGP), que trabajan en la verificación de documentos al momento de la emisión de ese documento de viajes.Los talleres “Procedimiento de Cambio, Supresión y Añadidura de Nombre” y “Rectificación de actas del Estado Civil”.Las jornadas formativas fueron coordinadas por el Tribunal Superior Electoral a través del Centro de Investigación y Capacitación de Justicia Electoral y Democracia (CICJED), como parte del convenio suscrito entre el TSE y la DGP, con el objetivo de fortalecer las capacidades del personal de Pasaportes en temas de competencia del TSE.Esto permitirá una mejor orientación a los ciudadanos que acuden en busca de servicios relacionados con la identidad y el estado civil.El convenio fue suscrito por el presidente del TSE, magistrado Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, y el director general de Pasaportes, Lorenzo David Ramírez Uribe, donde se acordó la ejecución de estas jornadas de formación conjunta para el personal de pasaporte.El primer taller, sobre el procedimiento de cambio, supresión y añadidura de nombre, en horario de 9:00 de la mañana a 12:00 meridiano en la sede central de la DGP.En tanto, el taller sobre rectificación de actas del Estado Civil fue impartido en horario vespertino, de 1:00 de la tarde a 4:00 de la tarde.Estas capacitaciones reflejan el compromiso del TSE con la formación continua y el fortalecimiento institucional en temas vinculados a los derechos civiles y la correcta gestión de los trámites registrales.El TSE también ha llevado a cabo jornadas de orientación ciudadana dirigidas a los usuarios que acuden a la sede central de la Dirección General de Pasaportes, en el Distrito Nacional.Durante esas jornadas, personal del TSE ha brindado asistencia directa, distribuyendo materiales educativos impresos y ofreciendo información sobre los procedimientos relacionados con la rectificación de actas del estado civil, con el objetivo de orientar y facilitar el acceso a estos trámites a la ciudadanía.

De igual forma, el equipo legal de la familia Fuller interpuso varias querellas adicionales, que incluyen pruebas documentales y testimonios que, según los abogados de la familia, demuestran un patrón de comportamiento irregular por parte de la imputada en la administración del patrimonio familiar.Según los abogados de la familia Fuller, el caso dio lugar a la presentación de una extensa querella de 116 páginas, acompañada de 47 testigos y más de 900 pruebas documentales.Destacan que las pruebas incluyen actos de venta, recibos de pagos, estatutos de las sociedades comerciales de la familia y transacciones que, a su juicio, han sido mal manejadas por la señora Ramírez Concepción, quien además contrajo matrimonio con el difunto Fuller bajo un régimen de separación de bienes y un acuerdo prenupcial en los Estados Unidos.El equipo legal de la familia Fuller lo integran los abogados, Ángel Rafael Santana Tejada, Carlos Manuel Báez López, Juan Taveras, Hernan Santana, Pedro Vásquez Lora, José Hilario Germán, Juan Francisco Consoro, Marcelino Vargas, Juan María Cordones y Glenni Ysabel Núñez.

NOTI IMPACTO - Abogado solicitó al Consejo del Poder Judicial (CPJ), y a su presidente Luis Henry Molina, la designación inmediata de un juez titular para el Tribunal de Jurisdicción Original de Tierras de Baní, para poder agilizar los procesos judiciales que se encuentran en mora..El jurista William Alcantara denunció que la ausencia del magistrado tiene completamente paralizados los procesos judiciales, afectando la seguridad jurídica y poniendo en riesgo una inversión turística millonaria en la provincia de Peravia, la cual depende de una decisión de ese tribunal en un caso de determinación de herederos."Nuestra petición al Consejo del Poder Judicial es específica y directa: nombren un juez, sea titular o interino, de manera inmediata", sentenció Alcántara.

Esa supuesta notificación fue luego depositada en la Fiscalía de San Pedro el mismo día 21 de abril a las 12:25 del mediodía, y fue aceptada como válida por los jueces, sirviendo como base para emitir una orden de rebeldía y solicitud de apresamiento en contra del arquitecto.Cabrera lamentó que estas acciones evidencien una posible componenda entre los demandados y ciertas autoridades judiciales, por lo que hizo un llamado a la Procuradora General de la República, Yeni Berenice Reynoso, para que se investigue este caso y se detenga la persecución injusta en su contra.También expresó su frustración con el fiscal Pedro Núñez, quien conocía la audiencia de su contrademanda.

Estas declaraciones, sostienen los querellantes, han afectado gravemente su honor, reputación y credibilidad profesional.Por ello, basan su acusación en la violación de los artículos 367, 371 y 373 del Código Penal Dominicano, por lo que piden la imposición de sanciones penales, así como la reparación de los daños morales ocasionados.Entre las solicitudes de los querellantes, se incluye una indemnización de RD$100,000,000.00 y una disculpa pública por parte del imputado a través de los mismos medios en que se difundieron las declaraciones.Las víctimas y acusadores privados han puesto a disposición pruebas documentales, audiovisuales y testimoniales que, según argumentan, demuestran la falsedad de las imputaciones realizadas por Valerio Jiminián.De igual forma, solicitaron la intervención del Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (DICAT) para certificar la veracidad de los registros digitales aportados en el proceso.Con esta acción, los querellantes buscan no solo reivindicar su honor, sino también sentar un precedente sobre la responsabilidad y las consecuencias legales de emitir declaraciones difamatorias sin sustento.Asimismo, el señor Fuller y su representante legal se quejaron contra la fiscal titular de Higüey, Claudia Lorena Garrido C, por desobedecer una orden de arresto contra la señora María Elvira Ramírez viuda Fuller, contra quien el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Higüey dictó orden de arresto, pero la fiscal no aplicó dicha medida dejándola en libertad bajo fianza.En tal sentido, interpusieron su queja ante la Inspectoría del Ministerio Público en contra de la fiscal por la puesta en libertad de la acusada de estafa y otras irregularidades dentro de la sucesión de los bienes de la familia Fuller, según el expediente 187-2024-EPEN-01173, interpuesto por los herederos.

NOTI IMPACTO - La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) activó su plan de emergencias en el sistema penitenciario para mitigar posibles efectos de las lluvias provocadas por una vaguada que incide en el país.La medida se corresponde con lo establecido en el plan de contingencia institucional que se enfoca en proteger a las personas privadas de libertad y al personal que labora en los centros penitenciarios, así como las plantas físicas.Para la ejecución de la prevención de posibles daños por las lluvias, el Comité de Mitigación de Riesgos de la DGSPC trabaja para garantizar la seguridad y el funcionamiento de los centros penitenciarios.Las medidas incluyen que los directores de centros permanezcan en sus puestos de trabajo para atender posibles emergencias y resguardar las vidas de los privados de libertad y la del personal administrativo, apegados a las recomendaciones de los organismos de socorro de sus provincias, con quienes deben mantener contacto permanente.Los centros penitenciarios también son reforzados con la provisión de alimentos, agua potable, linternas y medicamentos de primeros auxilios.En estos momentos los directores de centros se mantienen en contacto con los organismos de socorro de sus respectivas provincias, además se realizan labores de limpieza en los patios de los recintos para evitar cúmulos de agua que puedan afectar las áreas interiores.El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene bajo alerta a varias provincias ante posibles inundaciones asociadas a las lluvias provocadas por un ambiente húmedo y una vaguada en varios niveles de la troposfera. 

NOTI IMPACTO - El Ministerio Público ejecutó una orden de captura contra Nelson Serret Sugrañez, Yesenia Serret Aponte, Jorge Serret Sugrañez y Carlos Alberto Serret Sugrañez, en virtud de una sentencia que convierte en definitiva la condena que pesa en contra de esos procesados por el  fraude multimillonario en el Banco Peravia.La recién creada  Unidad de Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados (Ucaprec) del Ministerio Público, que encabeza la fiscal Andry De Los Santos, agotó el procedimiento después de tramitar una solicitud ante Katerine A. Rubio,  jueza suplente del Tribunal de Ejecución de la Pena del Departamento Judicial del Distrito Nacional, quien emitió el auto número 249-01-2025-SAUT-00576, de fecha 29 de abril de este 2025.De Los Santos, directora de la referida unidad adscrita a la Dirección General de Persecución y creada por el Consejo Superior del Ministerio Público el pasado 21 de marzo, presentó ayer jueves ante el Tribunal de la Ejecución de la Pena a los condenados, quienes permanecen en el Centro de Privación de Libertad (CPL) del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en el Distrito Nacional.Contra Nelson Serret Sugrañez pesa una condena de siete años de prisión por los crímenes de asociación de malhechores para cometer falsedad en escritura de banco y privada, uso de escritura falsa, estafa, abuso de confianza, y violación a la ley monetaria y financiera.El sentenciado debe, además, pagar una multa de dos millones de pesos por los hechos sancionados en los artículos 265, 266,147, 148, 150, 151, 405 y 408 del Código Penal dominicano, así como varios artículos de la Monetaria y Financiera (Ley 183-02).También Yesenia Serret Aponte deberá cumplir una pena de siete años por los mismos delitos, así como al pago de una multa de dos millones de pesos.En el caso de Jorge Serret Sugrañez y Carlos Alberto Serret Sugrañez, en su contra pesan condenas de  tres años de prisión y al pago de una multa de un millón de pesos.

En el lugar se ocuparon 34 porciones de cocaína con un peso estimado de 38.51 gramos, según certificado número SC2-2024-08-19-007721 del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).En el conocimiento del juicio, la representante del Ministerio Público, Claudia Cecilia Román, presentó ante los jueces las pruebas que comprometen la responsabilidad penal de Romero Castillo en el tráfico de drogas.  El ahora condenado fue declarado culpable de violar los artículos 4, letra D; 5, letra A; artículo 75, párrafo II, de la citada Ley 50-88.La sentencia, dictada por los jueces Manuel Antonio Carela, Biannelys Martínez Calvo y Felicia Núñez de Jesús, deberá ser cumplida en el Centro de Privación de Libertad Juana Núñez, del municipio Salcedo.