NOTI IMPACTO- SANTO DOMINGO (República Dominicana).- La Inspectoría General del Ministerio Público solicitó al Consejo Superior del Ministerio Público la suspensión sin disfrute de sueldo del procurador general titular de la Corte de Apelación Regional de San Pedro de Macorís, Roberto Encarnación Del Monte, hasta tanto concluya una investigación disciplinaria en curso.  El inspector general del Ministerio Público, procurador adjunto Juan Medina de los Santos, hizo la petición a través de una comunicación dirigida a la presidenta del CSMP, procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, a quien le pone en conocimiento sobre el inicio de la investigación que lleva a cabo a raíz de una denuncia formal recibida el 28 de diciembre del pasado año.  Encarnación Del Monte, según un auto emitido por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, se encontraba de licencia médica y, no obstante, dispuso la puesta en libertad de los señores Luis Méndez y Víctor Méndez, detenidos en la Unidad de Atención Integral a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de San Pedro de Macorís.  Sobre los beneficiados pesaba una orden de arresto, con el número 02709-2020, de fecha 21 de diciembre de 2020, emitida por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, ante una querella presentada por el señor José Osiris Méndez Féliz.  La Inspectoría General del Ministerio Público indicó que el incumplimiento de esas obligaciones ha afectado gravemente los derechos del señor José Osiris Méndez Féliz, así como a la institución, ya que no se pudo conocer medida de coerción para protección de los derechos de la víctima. Detalla que, luego de recibir la denuncia que refiere irregularidades realizadas por Encarnación Del Monte, se inició la etapa indagatoria, la cual arrojó que existen elementos suficientes para sostener que el investigado actuó contrario a la norma. Durante sus investigaciones, la Inspectoría ha podido establecer que dicho funcionario mantiene una conducta arbitraria, agresiva, intimidatoria, amenazante y desafiante en contra de los funcionarios de la Policía Nacional, de los miembros del Ministerio Público y de la población en sentido general. Indica que el procurador regional ejerce sus funciones indebidamente al incurrir en faltas graves y muy graves e inobservar los principios rectores del Ministerio Público, conducta que afecta gravemente la imagen de la institución.  La solicitud de la medida cautelar hecha al Consejo Superior del Ministerio Público está sustentada con diferentes elementos probatorios, que incluyen varios documentos y entrevistas, así como materiales audiovisuales.  El proceso de investigación contra Encarnación Del Monte ha recibido la calificación jurídica de violación a los artículos 9.5, 10.1, 10.2, 10.17 y 11.8, del Reglamento Disciplinario, así como los artículos 90.5, 91.1, 91.2, 91.17 y 92.

No obstante, al cadáver se le aplicó una prueba PCR, cuyos resultados confirmarán si estaba afectado por el coronavirus. Este centro, como los demás, cumple con el estricto protocolo diseñado para proteger tanto a los internos como al personal. Tres meses de coerción por tráfico de drogas   Elías David Escanio Soriano nunca olvidará que a las 3:00 de la tarde del 22 de diciembre de 2020 el rumbo de su vida sufrió un giro drástico, al ser acusado de intentar burlar el protocolo de seguridad del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, donde se desempeñaba como subdirector de seguridad para presuntamente introducir drogas prohibidas.  La carrera de Escanio Soriano, un agente modélico según sus superiores, terminó abruptamente y desde el 5 de enero de 2021 cumple tres meses de prisión preventiva, medida que le impuso el Magistrado Juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de San Cristóbal al examinar las pruebas presentadas en su contra y del interno Adriano Cordero Ramírez, quien fue identificado como su cómplice. A ambos se les acusó de violar los artículos 5, 6, 60 y 75 párrafo I y ll de la Ley 50/88 y los artículos los artículos 265 y 265 del Código Penal, al supuestamente introducir un kilo de cocaína y 593 gramos de marihuana al recinto, intentando burlar el protocolo de seguridad, amparados en la posición del funcionario de la prisión. Adriano Cordero Ramírez cumple 7 años en el Centro Najayo Hombres, entretanto un motoconchista solo identificado como "Maclen Yio Yeudy" y quien supuestamente llevó la droga al recinto bajo el alegato de que "esa pertenencia es de David", fue declarado prófugo, pues soltó el paquete y huyó del lugar cuando la agente de seguridad pidió revisar el contenido de la funda que entregó.  Una investigación con participación de agentes antidrogas al contenido del paquete determinó que el mismo contenía 1 kilo de un polvo blanco que resultó ser cocaína y 593 gramos (poco más de medio kilo) de marihuana.

NOTI IMPACTO- La supuesta red criminal que creó Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, para beneficiarse con compras del Estado ilícitamente probablemente “no se detuviera en el imputado”.“Por acción u omisión de conductas que se investigan, es probable que la cabeza operativa de este entramado que funcionaba como un pulpo, no se detuviera en el imputado Juan Alexis Medina Sánchez”, especifica el Ministerio Público en la solicitud de medida de coerción.Aun si, el órgano acusador explica que la red que involucraban alrededor de ocho empresarias, supuestamente manejada por Alexis, a través de testaferros, y con el tráfico de influencias y violaciones a múltiples leyes, crearon un millonario entramado para beneficiándose ilícitamente con pagos de miles de millones de pesos de varias instituciones del Estado.Explica que Alexis creó la red desde que su hermano, el exmandatario Danilo Medina asumió el poder en el 2012.Supuestamente, para el libramiento  y la rápida aprobación de los pagos a las compañías del entramado societario contaban con la participación del excontralor Rafael Germosén (octubre 2012-septiembre 2016) quien, dice el Ministerio Público, de manera irregular omitía  los procedimientos legales para favorecer a los mismos.Las empresas de este entramado, y que el Ministerio Público está solicitando la clausura temporal, son Domedical Supply SRL, Suim Suplidores Institucionales Méndez SRL, General Medical Solution A.M. SRL, United Suppliers Corporations SRL, Kyanred Supply SRL, General Supply Corporations, Wattmax Dominciana SRL y Fuel American Inc. Dominicana SRL.Para todo esto, y no aparecer como el propietario de dichas compañías, Alexis presuntamente utilizaba a los imputados Julián Esteban Suriel Suazo, José Dolores Santana Carmona y Domingo Antonio Santiago Muñoz como testaferros.En el documento también específica a que Alexis se le consideraba en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), más poderoso que el exdirector general, Francisco Pagán, también imputado,  y que visitaba la institución entre tres y cuatro veces a la semana.Alegadamente también tenían influencia hasta en los nombramientos de empleados en la referida entidad.Alexis es acusado de utilizar sus influencias y de ser ayudado, para lucrarse ilícitamente, por los siguientes imputados: su hermana Carmen Magaly Medina, ex vicepresidenta del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER), y Fernando Rosa, expresidente de la entidad.También de Rafael Germosén, excontralor general de la República; Freddy Hidalgo, exministro de Salud Pública; Francisco Pagán, exdirector general de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe); Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, exministro de Salud Pública y Aquiles Christopher, de la Unidad de Análisis de la OISOE.La medida de coerción de estos 10 imputados por corrupción administrativa será conocida el próximo domingo a las 10 de la mañana.La decisión se tomó mediante consenso entre el juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, el Ministerio Público y los abogados defensores, para que estos últimos tengan tiempo para conocer el expediente.Contra los imputados, apresados tras una labor de inteligencia en la denominada “Operación Anti-Pulpo”, el Ministerio Público está solicitando que se le imponga prisión preventiva.Son acusados de aprovechar vínculos políticos para acumular fortunas durante el pasado gobierno del expresidente Danilo Medina.Los detenidos están recluidos, desde el pasado domingo, en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en el Distrito Nacional, la cual está bajo la custodia del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria.

- El Ministerio Público solicitó la noche de este lunes la imposición de prisión preventiva contra diez exfuncionarios, proveedores privilegiados del Estado y testaferros arrestados el fin de semana por aprovechar sus vínculos con el poder político para acumular fortunas millonarias.El cuerpo de fiscales, coordinado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), depositó la solicitud de medida de coerción por ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, a la que pidió la prisión preventiva para los imputados, de conformidad con el artículo 226, numeral 7, de la Ley 76-02 del Código Penal Dominicano.Como parte de la denominada Operación AntiPulpo, la Pepca apresó el domingo a los hermanos Juan Alexis Medina Sánchez y Carmen Magalys Medina Sánchez, así como a Francisco Pagán Rodríguez, Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez, Rafael Antonio Germosén Andujar, Fernando A. Rosa Rosa, Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, Domingo Antonio Santiago Muñoz, Julián Esteban Suriel Suazo y José Dolores Santana Carmona.El Ministerio Público determinó que el impetrante Juan Alexis Medina Sánchez dirigió una red criminal a nivel operativo, aprovechando su condición de hermano del entonces presidente de República, Danilo Medina Sánchez, quien agotó dos períodos constitucionales entre 2012 y 2020.Mediante el tráfico de influencias y las violaciones a múltiples leyes, los encartados en el caso crearon un millonario entramado societario que les permitió beneficiarse de los fondos de los contribuyentes, al recibir pagos de miles de millones de pesos del Estado, mediante operaciones ilegales en las que utilizaron a personas físicas y jurídicas.La dependencia del Ministerio Público solicitó audiencia para conocer las medidas de coerción en las próximas horas, así como la declaración del caso como complejo, al amparo del artículo 369 del citado Código Penal Dominicano.El organismo también solicita la clausura temporal de las razones sociales Domedical Supply SRL, Suim Suplidores Institucionales Méndez SRL, General Medical Solution A.M. SRL, United Suppliers Corporations SRL, Kyanred Supply SRL, General Supply Corporations, Wattmax Dominciana SRL y Fuel American Inc.

Aseguró que hasta el dominicano más humilde sabía lo que estaba ocurriendo en el país, como el caso de César El Abusador, al tiempo de precisar que cuando se inicie a mezclar corrupción con el acompañamiento del narcotráfico de algunos sectores, se sabrá lo profundo de la situación.“Dejen que el Ministerio Público no solamente se concentre en ese aspecto, sino también en la vinculación gente protegida por quienes están en la mira del Ministerio Público por acto de corrupción, pues no solamente era beneficiándose del Estado…Cuándo averigüen quién era que protegía a César El Abusador, ustedes verán nombres que van estar dentro de los allanamientos.

NOTI IMPACTO- A los hermanos del expresidente Danilo Medina y el exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado no son los únicos contra los cuales la Procuraduría solicitará medida de coerción.En el transcurso del día de hoy y mañana podrían ejecutar más órdenes de arresto y allanamientos.Francisco Pagán, exdirector general de Oisoe, Carmen Magalys Medina Sánchez, exvicepresidenta del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper) y su hermano Juan Alexis Medina Sánchez estarán acompañados de otros exfuncionario del Gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) contra los cuales la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) ha encontrado indicios de hechos delictivos.El exprocurador general de la República Jean Alain Rodríguez también estaría en el ojo del Ministerio Público y se le habría colocado una alerta en la Dirección General de Migración para que no pudiera salir del país.Una fuente dijo a Diario Libre que esta madrugada no solo se produjeron los arrestos, sino también allanamientos donde se recolectaron cantidades de documentos, el Ministerio Público no ha concluido con la preparación de la solicitud de medida de coerción que deberán presentar antes de las 48 horas de haber ejecutado los arrestos.Por la naturaleza de los casos y lo complejo de la investigación, el Pepca dividió los equipos de trabajo y asignaron un personal a cargo de cada proceso.

NOTI IMPACTO-La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) afirmó la tarde de este domingo que a todas las personas que fueron apresadas durante los allanamientos que realizaron en la madrugada “se les leyeron sus derechos y se les permitió vestirse adecuadamente”.Todos están acusados por el Ministerio Público de ser “proveedores privilegiados y testaferros”, por supuesta corrupción administrativa.“A todos los arrestados se les leyeron sus derechos y se les permitió ponerse vestimenta adecuada para ser conducidos a un centro de detención”, dijo Wilson Camacho, titular de la entidad, en una nota de prensa.Asegó que las autoridades siguieron todos los protocolos de seguridad y que a ninguno de los arrestados se les permitió estar a solas en un espacio, sin custodia, como solicitó uno de ellos.“El Ministerio Público, junto a los agentes policiales, puso todo su empeño en garantizar la privacidad de los prevenidos, un objetivo que, de nuestra parte, se logró plenamente.

-La magistrada Miriam Germán Brito se encuentra internada en el Hospital General de la Plaza de la Salud, tras requerir atenciones médicas debido a un malestar general que sintió la noche del sábado.Germán Brito, de 71 años de edad, se encuentra en “condiciones generales estables”, según el parte del médico internista Nepomuceno Mejía Severino, director médico del hospital.Para este domingo la paciente se encuentra consciente, orientada en sus tres esferas psíquicas, cooperadora, afebril e hidratada, resalta Mejía Severino.La funcionaria padece de hipertensión arterial, afección que se encuentra controlada, así como de diabetes mellitus tipo 2, informó la Procuraduría General de la República a través de un comunicado.La Procuraduría General agradece la preocupación de los ciudadanos que se interesan por la salud de la magistrada Germán Brito y espera su pronta recuperación e integración a su rutina cotidiana.

“Fue tal el trato y la premura, que la pieza fue conocida y aprobada con una única lectura”, señalaron los representantes del Ministerio Público.Mientras daban lectura a la acusación, los fiscales reiteraron que el encartado Bautista García incurrió en soborno en el ejercicio de la función, enriquecimiento ilícito y falsedad en sus declaraciones juradas.Precisaron que en los movimientos bancarios del 4 de enero de 2002 al 19 de julio de 2012, el imputado registró créditos por RD$7,060,325.93, de los cuales el 64% correspondió al concepto de transferencia y el 36% a depósitos. “En el curso de sus funciones como legislador, Bautista García fue acumulando una fortuna que no tiene explicación razonable”, indicaron los fiscales, tras explicar que el imputado también incrementó su patrimonio inmobiliario. Bautista García, según estableció el Ministerio Público, recibió del 2002 al 2010 RD$1,099,849,567.43 adicional a sus ingresos salariales.Los representantes del órgano persecutor de la corrupción también leyeron la acusación contra Tommy Alberto Galán Grullón, reiterando que el imputado recibió sobornos de dicha empresa en el ejercicio de la función pública como diputado y senador por la provincia San Cristóbal, desde  2002 hasta 2016. Detallaron que en el caso de Galán Grullón, en el período de 2006 a 2010 tuvo un aumento de su patrimonio poco significativo, pero que, de manera sorprendente, aumentó en el 2016 cuando declaró RD$31,704,547.00, aumentando en este último año en RD$12,304,547.00.Los fiscales establecieron que el exlegislador incurrió en lavado de activos a través de la sociedad Galán Grullón y Montás S.R.L, la cual fue transformada en Galán Grullón y Montás C. por A., pasando a ser de una sociedad anónima a una sociedad de responsabilidad limitada. También, los representantes del Ministerio Público procedieron con la lectura de la acusación contra Juan Roberto Rodríguez Hernández, de quien, igualmente, reiteraron que recibió sobornos como funcionario, mientras ejercía de director del  Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), en el período 2000-2004.Los fiscales expresaron que el imputado utilizó el cargo para conceder el contrato de construcción del Acueducto de la Línea Noroeste, mediante la firma del primer contrato con la compañía brasileña.A Rodríguez Hernández el Ministerio Público le atribuye también los delitos de enriquecimiento ilícito, falsedad en las declaraciones juradas de bienes y lavado de activos producto de infracciones graves.Los miembros del Ministerio Público señalaron que dicho imputado en el año 2006 recibió ingresos por salarios por un monto de RD$2,047,772.98, pero colocó en el sistema financiero RD$23,070,050.33. Dentro del manejo de una cuenta en dólares, Hernández Rodríguez presentó una variedad de depósitos mayores de US$100 mil y que totalizan US$1,687,892.27. De igual manera, la acusación también señala que el imputado utilizó la sociedad comercial Terraza San Isidro, S.R.L, para justificar y/o lavar los movimientos producto del soborno.El Ministerio Público en turnos anteriores leyó la acusación del caso Odebrecht contra Ángel Rondón Rijo, Víctor Díaz Rúa y Conrado Pittaluga, quienes son imputados por los sobornos junto a Andrés Bautista, Tommy Galán Grullón y Roberto Hernández Rodríguez. El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), procurador adjunto Wilson Camacho, representa al Ministerio Público en el juicio junto a los fiscales Mirna Ortiz, Milcíades Guzmán, Isis de la Cruz, Joel López, Ángel Darío Tejeda Fabal, Wagner Cubilete y José Miguel Marmolejos Vallejo, y los fiscalizadores Elizabeth Paredes Ramírez y Ernesto Guzmán Alberto. Las juezas Esmirna Gisselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo luego de la lectura de la acusación contra los seis imputados y cumplido el horario establecido, suspendieron el juicio para continuar este martes, 17 de noviembre de 2020, a partir de las 9:00 de la mañana.

Señala que el imputado utilizaba un arma de fuego con la cual la amenazaba de muerte y la mantuvo sometida a la violencia hasta que cumplió 16 años  y quedó embarazada.Precisa que, posteriormente, cuando la víctima dio a luz, el agresor negó la paternidad de su hijo y le advirtió que si decía algo la iba a matar, hecho por el cual su hijastra acudió al Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes donde se demostró, mediante una prueba de ADN, que el encartado es el padre de la criatura. El Ministerio Público indicó que en septiembre de 2020 el hecho fue denunciado ante la Unidad de Atención Integral a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de la Fiscalía de La Vega, que dio inicio a la investigación. Una evaluación psicológica a la afectada determinó que presenta niveles muy altos de ansiedad, que se manifiestan en tensión, preocupación constante, además de altas sintomatologías de depresión y dolores de cabeza.El Ministerio Público indicó que esas evidencias fueron presentadas durante el conocimiento de la medida de coerción de este caso al que le ha otorgado la calificación jurídica de violación a los artículos 309-1, 309-2, 309-3 literal E, 331, 332-1, 332-2 del Código Penal Dominicano, modificado por la Ley 24-97 sobre Violencia de Género e Intrafamiliar, así como de violación a los artículos 1, 12, 18 y 396, literales A, B y C del Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03).El imputado cumplirá la medida de coerción en la cárcel pública de La Vega, mientras el Ministerio Público continúa con la investigación del caso.

NOTI IMPACTO- SANTIAGO (República Dominicana).-La Fiscalía de esta jurisdicción desmanteló este fin de semana dos galleras que funcionaban de manera clandestina, en las que fueron apresadas más de 50 personas.Los centros de peleas de gallos intervenidos por el Ministerio Público en coordinación con la Policía Nacional operaban, una en el municipio Villa González, y otra en el sector Cecara, de Santiago.Los apresamientos además se produjeron por violación al horario de toque de queda y al distanciamiento físico y porque los presentes no usaban mascarillas, en violación a las medidas establecidas por el Poder Ejecutivo para la prevención y erradicación del COVID-19.Además de las personas detenidas, las autoridades del Ministerio Público y de la Policía Nacional se incautaron de trece motocicletas durante los operativos del fin de semana en esas galleras.Las autoridades reiteraron su firme decisión de no tolerar las operaciones de los centros de juegos de gallos en los que se viola el toque de queda, el distanciamiento físico y el uso de mascarillas.La Fiscalía de Santiago y la Dirección Cibao Central de la Policía llamaron a la población a colaborar con los esfuerzos que realizan las autoridades para frenar la propagación de la pandemia del coronavirus.

NOTI IMPACTO-El Primer Juzgado de la Institución de este distrito judicial aplazó para el miércoles 2 de diciembre próximo la audiencia preliminar contra Ambiórix Nepomuceno Rodríguez, acusado de asesinar a la abogada puertoplateña Paola Languasco en el año 2015.La audiencia fue aplazada debido a que el imputado, quien está recluido en un área de máxima seguridad del Centro de Corrección y Rehabilitación El Pinito, en La Vega, no fue traslado al tribunal.La audiencia fue programada para iniciar a partir de las 9:00 de la mañana de la citada fecha.Ambiórix Nepomuceno Rodríguez es señalado por el Ministerio Público como el autor intelectual y material del asesinato de la abogada Paola Languasco, ocurrido en abril del 2015.El cadáver de la jurista fue hallado con varios disparos de arma de fuego envuelto en una funda plástica en una alcantarilla del residencial Jardines del Norte de Santiago.Otros implicadosPor el crimen cumplen 20 años de prisión Cristino Antonio Mármol (Franklin) y Lariel Alejandro Pichardo Marte (Colita), quienes fueron encontrados culpables de asociación de malhechores y de actuar en complicidad con Ambiorix Nepomuceno Rodríguez, acusado de ser el autor material e intelectual del asesinato de Paola Languasco.