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Cualquier alteración del sistema de motorización que permita exceder este rango constituye una violación directa a la regulación establecida.El INTRANT explicó que estas acciones responden al crecimiento sostenido del uso de dispositivos de movilidad eléctrica en las vías públicas, lo que exige fortalecer el orden y la convivencia urbana, especialmente en zonas de alta circulación peatonal, donde se debe garantizar la integridad física de niños, adultos mayores y ciudadanos en general.En el caso de las bicicletas eléctricas, la normativa establece que las de carretera pueden alcanzar hasta 45 kilómetros por hora, mientras que las de montaña o destinadas al transporte de personas o carga tienen un límite de 32 kilómetros por hora.El incumplimiento de estas disposiciones conlleva sanciones equivalentes de uno (1) a tres (3) salarios mínimos del sector público centralizado, conforme al artículo 251 de la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

NOTI IMPACTO - Santo Domingo, R.D. – La abogada María del Pilar Zuleta, miembro de la defensa técnica del exministro de Hacienda Ángel Donald Guerrero Ortiz, afirmó este viernes que los RD$21 mil millones señalados por el Ministerio Público en el caso Calamar no tuvieron origen en fondos del Estado dominicano.Zuleta sostuvo que durante la audiencia preliminar fueron presentadas pruebas que, a juicio de la defensa, desmontan la acusación económica formulada contra su representado.“En el día de hoy hemos podido demostrar, en la audiencia preliminar del caso Calamar, de manera fehaciente, que los RD$21 mil millones atribuidos al señor Donald Guerrero no salieron del Estado”, declaró la jurista al ofrecer declaraciones a la prensa.El Ministerio Público imputa en este proceso, además de Guerrero Ortiz, a José Ramón Francisco de Jesús Peralta Fernández, exministro Administrativo de la Presidencia; Gonzalo Castillo Terrero, exministro de Obras Públicas; Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana, excontralor general de la República; y Rafael Porfirio Calderón Martínez, exsenador, entre otros exfuncionarios.Según el expediente acusatorio, una presunta red habría utilizado el organigrama del Estado para conformar una estructura criminal integrada por varias instituciones públicas, entre ellas el Ministerio de Hacienda, la Contraloría General de la República, la Dirección General de Bienes Nacionales, el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), la Dirección General de Catastro Nacional, el Banco de Reservas y la Dirección General de Presupuesto.El caso Calamar continúa en fase de audiencia preliminar, mientras el tribunal evalúa las pruebas presentadas por las partes antes de decidir sobre la apertura a juicio.