David de los Santos

NOTI IMPACTO- El Ministerio Público solicitó al Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dictar apertura a juicio contra los agentes policiales acusados de la muerte del joven David de los Santos Correa, fallecido a causa de los golpes que recibió en la cárcel de un destacamento que lo recluyó tras ser retenido y entregado a la Policía por los miembros de la seguridad de la plaza Agora Mall.Kelvyn L. Colón Rodríguez, procurador fiscal del Distrito Nacional, solicita a la jueza Patricia Padilla  fijar la audiencia preliminar para conocer de la solicitud de apertura a juicio contra el capitán policial Domingo Alberto Rodríguez Rodríguez, el segundo teniente Germán García de la Cruz, el raso San Manuel González García y/o Raso Sari Manuel González García y el cabo Alfonso Decena Hernández.Además, contra los civiles Santiago Mateo Victoriano, Michael Pérez Ramos y Jean Carlos Martínez Peña, así como contra los seguridad de Agora Mall Ambriori Montero Otaño, Álvaro David Beltrán Pérez, Yubaris Méndez Ferreras y Juan Reyes de la Cruz.David de los Santos Correa, de 24 años de edad y residente en Los Alcarrizos, Santo Domingo Oeste, falleció el día 1 de mayo, en el Hospital Doctor Darío Contreras, luego de estar recluido en el destacamento policial del sector Naco, a donde lo recluyeron alrededor de las 9:00 de la noche del 27 de abril los agentes policiales que lo recibieron a la seguridad privada de Agora Mall que lo retuvieron por presentar alegados inconvenientes dentro del el establecimiento comercial.El fiscal Colón Rodríguez pide al tribuanla que dicte Auto de Apertura a Juicio en contra de los acusados Santiago Mateo Victoriano, Michael Pérez Ramos y Jean Carlos Martínez Peña, por la comisión de asociación de malhechores para cometer homicidio voluntario, tortura y barbarie, en violación a los artículos 265, 266, 295, 303-4 numerales 2 y 9 y 304, del Código Penal Dominicano.La instancia establece que el capitán policial Domingo Alberto Rodríguez Rodríguez, el segundo teniente  Germán García de la Cruz, el raso San Manuel González García (Sari Manuel González García) y el cabo Alfonso Decena Hernández cometieron abuso de autoridad, detención y encierros ilegales, homicidio voluntario, tortura y barbarie, en violación los artículos 186, 198, 265, 266, 295, 303-4 numerales 2 y 9, 304 y 341 del Código Penal Dominicano y artículo 153 numerales 3 y 4 de la Ley 590-16 Ley Orgánica de la Policía Nacional.Mientras, los imputados Ambriori Montero Otaño, Álvaro David Beltrán Pérez, Yubaris Méndez Ferreras y Juan Reyes de la Cruz, seguridad privada de la plaza Agora Mall, incurrieron en la comisión de detención y encierros ilegales, en perjuicio de De los Santos Correa (occiso) por existir suficientes elementos de prueba que comprometen su responsabilidad penal.El fiscal solicita que se mantenga en prisión preventiva a los agentes policiales Santiago Mateo Victoriano, Michael Pérez Ramos, Jean Carlos Martínez Peña, Domingo Alberto Rodríguez Rodríguez y Germán García de la Cruz.Además, que se varíe a prisión preventiva las medidas coercitivas impuesta al raso San Manuel González García (Sari Manuel González García) y al cabo Alfonso Decena Hernández, “ya que los mismos no presentan garantías para presentarse a los actos del proceso y someterse al mismo luego de la presentación de este requerimiento de acusación, en razón de que no cuentan con arraigo suficiente para descartar peligro de fuga”.El Ministerio Público también entiende necesaria la imposición de medida de coerción consistente en garantía económica, impedimento de salida y presentación periódica para los imputados Ambriori Montero Otaño, Álvaro David Beltrán Pérez, Yubaris Méndez Ferreras y Juan Reyes de la Cruz. 

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Prision 1

Los asaltantes emprendieron la huida en un vehículo mara Toyota Corolla de color rojo.Los atracadores fueron perseguidos por miembros de la Policía Nacional que, al momento de requisar a los imputados, le ocuparon un arma de fuego de marca no legible, la Tablet y el celular que le habían sustraído a la víctima.Por los hechos, el Ministerio Público, le atribuye a los imputados cargos por asociación de malhechores para la comisión de robo con violencia y portabilidad de arma de fuego, contenida en la calificación jurídica provisional de violación a los artículos 265, 266, 379, 385, del Código Penal Dominicano, y la Ley 631-16 sobre regulación de armas, en sus artículos 66 y 67.   

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NOTI IMPACTO-SANTO DOMINGO (República Dominicana).- A solicitud del Ministerio Público, el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a 30 años de prisión a un hombre que el año pasado asesinó a un oficial de la Armada Dominicana para despojarlo de su arma de reglamento en el sector La Ciénaga.El procesado, Aneudy Gálvez Perdomo (Bosoko), se presentó junto a nombrados Bombo, Walan y un menor, alrededor de las 3:00 de la mañana del 28 de noviembre de 2021 al Colmado Azul, ubicado en la Calle 9, de La Ciénega, en donde el teniente de fragata Eddy García Familia compartía con su esposa y varios amigos.La esposa de la víctima, Marisenny Montero Medina, narró en el tribunal que los atacantes aprovecharon que García Familia se paró de la mesa y se dirigió al baño, ubicado detrás del colmado, y cuando dio la espalda, le propinaron varios disparos en medio de la oscuridad, provocándole la muerte.Luego  huyeron del lugar cargando con su arma, un revólver Taurus calibre 38, recuperado dos meses después en mano de Gálvez Perdomo.García Familia murió en el lugar de los hechos de manera instantánea, tras recibir varios disparos a distancia que lo impactaron en el tórax y en el antebrazo izquierdo.Dos meses después del crimen, las autoridades lograron identificar y arrestar al adolescente que participó en los hechos, quien al ser interrogado por el Ministerio Público de la jurisdicción de Niños y Adolescentes, confesó su participación, identificando a Gálvez Perdomo como la persona que disparó al oficial de la Armada.Cuando las autoridades arrestaron al procesado, el 18 de enero de 2022, portaba el arma sustraída en el asalto.La fiscal Angie Castro representó al Ministerio Público ante el tribunal integrado por los jueces Keyla Pérez, Elías Santini y Arisleyda Méndez Batista, quienes dispusieron que el homicida cumpla la pena en La Victoria.Gálvez Perdomo recibió condena por violación a los tipos penales de “asociación de malhechores, homicidio voluntario y robo con violencia”, previstos y sancionados por los artículos 265, 266, 295, 304, 379, y 382 del Código Penal Dominicano y los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16, sobre el Control Armas y Municiones en la República Dominicana.

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NOTI IMPACTO- El director de la Procuraduría Especializada de la Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, restó importancia a las declaraciones del suspendido juez Juan Rodríguez Consoró, quien, tras estar bajo investigación penal por supuestas faltas graves en el ejercicio de sus funciones, acusó al Ministerio Público de perseguir a los jueces cuando no es beneficiado con resoluciones emitidas por los tribunales.Camacho dijo que “en República Dominicana ya no hay intocables”, por lo que “será investigada cualquier persona sobre la que el Ministerio Público tenga información de que ha violado la ley”.Puntualizó que la investigación que se le sigue al juez del Noveno Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional fue precedida de una denuncia realizada por la Inspectoría del Poder Judicial, organismo que le solicitó al Ministerio Público encabezar un proceso investigativo penal en contra de él.“Esa persona está siendo investigada disciplinaria y penalmente, pero su investigación inició en el ámbito disciplinario y ha sido la Inspectoría del Poder Judicial, que al avanzar su investigación, ha encontrado indicios que dan razón para abrir una investigación penal y correctamente lo ha enviado hacia al Ministerio Público”, indicó este viernes a periodista.“Y nosotros estamos haciendo lo que la ley nos manda a hacer”, añadió el titular de la Pepca.Camacho también señaló que el juez ha sido suspendido por la investigación disciplinaria y, en consecuencia, se trata de una medida tomada dentro del propio Poder Judicial.Restó méritos a los señalamientos públicos realizados por Rodríguez Consoró e indicó que “esa ha sido una actitud reiterativa en varios de los investigados en nuestros procesos”.

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– Las autoridades penitenciarias iniciaron este jueves, con el apoyo del Consejo Nacional para el VIH y SIDA (Conavihsida) y el Servicio Nacional de Salud (SNS), la jornada de pruebas para detectar VIH y COVID-19 en los recintos penitenciarios de La Victoria y Najayo Mujeres.La iniciativa contribuirá a prestar una mayor atención de salud a una población de más de  15,063 privados de libertad a nivel nacional.El director del Conavihsida, doctor Enrique González, y el titular de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), Roberto Hernández Basilio, precisaron que la acción forma parte de una iniciativa que procura definir el perfil epidemiológico de este grupo poblacional vulnerable, indicaron, y contribuye a adoptar políticas de prevención y atención de manera oportuna para mejorar la atención en salud y la calidad de vida a las personas privadas de libertad.“El objetivo es -sostuvieron los funcionarios-- detectar las infecciones, tratarlas y prevenir nuevos contagios de Covid y transmisión del VIH, al tiempo que fortalecemos la Respuesta Nacional al VIH, con la intervención de los equipos técnicos del Conavihsida, la DGSPC y el SNS”.Las muestras serán tomadas en catorce recintos y el proceso prevé las fases de registro, toma de presión arterial y prueba de glicemia, prueba de COVID-19, pre-consejería y toma de muestras específicas para las infecciones indicadas y los resultados serán entregados en forma confidencial, según el protocolo de atención.En los centros de La Victoria y el Complejo Najayo se realizarán 200 pruebas diarias de VIH a privados de libertad que, de forma voluntaria y como establece la Ley 135-11, aprovecharán el programa para tener un mayor una mayor atención de los servicios de salud en caso de que así lo requieran.

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NOTI IMPACTO- SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El procurador adjunto Wilson Camacho aseguró hoy que las acciones del investigado  Ángel Lockward no intimidarán ni detendrán al Ministerio Público en su labor constitucional de investigar a toda persona que haya violado la ley.“Hemos estado conociendo una multiplicidad de acciones incoadas en este Tribunal Superior Administrativo por el investigado ÁngelLockward con el interés de intimidar a funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, como los miembros de la Unidad Antifraude y al propio contralor de la Contraloría General de la República”, sostuvo el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), quien aseguró que dichas acciones están dirigidas a retrasar la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público con el tema de las expropiaciones de terrenos.“Estoy convencido de que la investigación no la detendrán e intimidarnos tampoco podrán”, dijo Camacho al responder a los periodistas que lo abordaron a su salida del Tribunal Superior Administrativo.El procurador adjunto indicó que en  dos de las acciones que se conocieron hoy  solicitaron el sobreseimiento y el tribunal se reservó el fallo y que en la  tercera, “que es sobre la nulidad del informe rendido por la Unidad Antifraude, la propia Contraloría solicitó el sobreseimiento  y el tribunal también lo dejó en estado de fallo para darlo a conocer en otra oportunidad”.Con relación a ese informe atacado por Lockward, dijo que la  acción está siendo ejecutada en sede administrativa, siendo esta una evidencia penal.Frente a este tipo de estrategia jurídica, Camacho señaló que “deben tener en cuenta lo que ya hemos dicho: que esta es una ínfima parte de la cantidad de evidencia con la que cuenta el Ministerio Público en este proceso”.En otro orden, cuando los periodistas le preguntaron sobre las expresiones de Juan Rodríguez Consoró, del noveno juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, precisó que la investigación que se realiza a ese juez parte de una denuncia realizada por la Inspectoría del Poder Judicial.“Esa persona está siendo investigada disciplinaria y penalmente, pero su investigación inició en el ámbito disciplinario y ha sido la Inspectoría del Poder Judicial, que al avanzar su investigación ha encontrado indicios que dan razón para abrir una investigación penal y correctamente lo ha enviado hacia al Ministerio Público”, indicó.“Y nosotros estamos haciendo lo que la ley nos manda a hacer”, añadió el titular de la Pepca.Camacho también señaló que el juez ha sido suspendido por la  investigación disciplinaria y en consecuencia, se trata de una medida tomada dentro del propio Poder Judicial.Restó méritos a los señalamientos públicos realizados por Rodríguez Consoró e indicó que “esa ha sido una actitud reiterativa en varios de los investigados  en nuestros procesos”.

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NOTI IMPACTO- La Cámara Penal de la Corte de Apelación de esta jurisdicción ratificó la prisión preventiva que la Oficina Judicial de Atención Permanente ordenó contra Jonathan Yoelfri Peña Martínez, uno de los imputados de la Operación Discovery, con la cual el Ministerio Público desarticuló una estructura del cibercrimen y la estafa electrónica.En la audiencia, los procuradores de Corte Juan Carlos Bircan y Alba Iris Rojas, así como la fiscal Yarily Toribio, demostraron que Peña Martínez era una pieza clave en la estructura, por cuanto su papel consistía en invertir en los diferentes mercados el dinero ilícito del que despojaban a las víctimas, valiéndose de las destrezas que tiene en esas actividades.La fiscalía sostiene que las pruebas que ha recolectado contra el imputado, desde que puso en marcha la investigación, son estrechamente vinculantes.La Operación Discovery, que imputó numerosos delitos a un total de 39 implicados, puso al descubierto una estructura criminal que operaba centros fantasmas disfrazados de call centers.De acuerdo al comunicado, los imputados investigaban y contactaban a miles de víctimas en Estados Unidos, utilizando diversos medios electrónicos para cometer estafa y extorsión con el objetivo de apropiarse de altas sumas de dinero.Peña Martínez enfrenta cargos por constituirse, junto al grupo, en asociación de malhechores y por cometer estafa agravada, extorsión, sextorsión y lavado de activos.La investigación se desarrolló con el apoyo del Departamento de Investigaciones Criminales (Dicrim) de la Policía Nacional y la cooperación del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos.

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El procurador adjunto Camacho representó al Ministerio Público junto a los fiscales Emmanuel Ramírez y Jonathan Elías Pérez.El general Torres Robiou deberá continuar cumpliendo la medida coercitiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal.Con las operaciones Coral y Coral 5G, que involucran a imputados por corrupción administrativa, el Ministerio Público presentó cargos por ese delito contra 48 personas, 30 personas físicas y 18 personas jurídicas, imputadas de defraudar al Estado dominicano con más de 4,000 millones de pesos.El entramado de corrupción operó en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).En la Operación Coral 5G, derivada de la Operación Coral, fueron arrestados los generales Juan Carlos Torres Robiou (FARD), Boanerges Reyes Batista (ARD) y Julio Camilo de los Santos Viola (FARD), así como el capitán de navío ARD, Franklin Mata Flores, y José Manuel Rosario Pirón.En el caso también están implicados Carlos Lantigua, Alfredo Pichardo, Erasmo Roger Pérez, Jehohanan Lucía Rodríguez, Yehudy Blandesmil Guzmán y Esmeralda Ortega Polanco.Entre los imputados de la Operación Coral figuran el mayor general Adán Cáceres Silvestre, Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora), el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán (hijo de la religiosa), el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz, así como el mayor del Ejército, Raúl Alejandro Girón Jiménez.

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NOTI IMPACTO- SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público, a través de la Dirección contra la Violencia de Género, inauguró este miércoles el Taller de Investigación y Procesamiento de Delitos Sexuales en República Dominicana, impartido por un experto en medicina legal, en el auspicio de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).En la ceremonia de apertura de este programa, que se realiza este miércoles y jueves en el Hotel Sheraton Santo Domingo, la titular de la Dirección contra la Violencia de Género, procuradora fiscal Ana Andrea Villa Camacho, destacó la necesidad de fortalecer de manera constante las herramientas y capacidades de los actores judiciales frente al reto que constituye combatir este tipo de agresiones.“La violencia contra las mujeres es un delito que cada vez más desafía la lógica del delito penal, es un fenómeno criminal cuyo combate y persecución se deben tecnificar de manera urgente, pertinente e inmediata”, expresó Villa Camacho al enfatizar en la importancia de este proceso formativo y de actualización, impartido por el médico forense y catedrático español Juan Manuel Cartagena.Cartagena, quien es profesor del Centro de Estudios Jurídicos del Ministerio de Justicia de España y del Centro de Formación del Colegio de Abogados de Madrid, resaltó que, en todas las etapas del proceso penal, el que persigue la sanción para los agresores, debe primar siempre el apego al derecho a la vida y a la salud, así la preservación de la integridad y dignidad de las víctimas.“El sistema judicial tiene un papel inmediato y urgente (en los casos de delitos sexuales), porque lo que se inicie en la investigación desde los primeros momentos va a marcar el resto del procedimiento, va a marcar la recolección de indicios, para enmarcar las muestras que se puedan obtener, con una finalidad clara, que es identificar al autor o autores”, expresó.El expositor, quien también es jefe del Servicio de Patología Forense del Instituto de Medicina Legal de Madrid, resaltó la trascendencia de la labor los miembros del Ministerio Púbico para lograr una investigación eficaz y dar una conclusión satisfactoria, con la debida sanción a los responsables.En la formación participa personal de las Unidades de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales del Distrito Nacional, Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste, Monte Plata, San Cristóbal, Bonao, San Pedro de Macorís, La Vega, Santiago, Peravia y La Romana.También, asisten colaboradores del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), del Servicio Nacional de Representación Legal a los Derechos de las Víctimas (Relevic), encabezado por su directora, la procuradora de corte Alba Corona, así como del Ministerio de Salud Pública.Este programa formativo, resaltó Villa Camacho, se realiza en el marco del proyecto "Mejora de la Calidad de los Servicios dirigidos a la Atención y Protección Eficaz a Víctimas de Violencia de Género en República Dominicana", que cuenta con la colaboración de la AECID.Para la responsable de Proyectos de la AECID, Ana Álvarez, resultan prioritarias las acciones tendentes a erradicar la violencia contra la mujer y las víctimas de delitos sexuales y a fomentar la igualdad de género.El Taller de Investigación y Procesamiento de Delitos Sexuales en República Dominicana da apertura a un calendario de actividades e iniciativas que pondrá en marcha el Ministerio Público durante el Mes de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que cada noviembre promueve acciones combativas de dicho mal a nivel mundial.Estas incluyen una charla sobre Desmonte de Masculinidad Violenta para privados de libertad por casos de violencia de género; el seminario Pautas de Investigación del Crimen de Feminicidio y su Tentativa; una serie de charlas sobre prevención de la violencia de género e intrafamiliar para diferentes instituciones públicas y privadas; un cinefórum en el Centro Cultural de España y el corte de cinta para la reapertura de la nueva Unidad de Violencia de Género de SDE en conjunto con el Banco BHD. Además, se realizará el II Congreso de Mujeres Líderes de Santo Domingo Este.

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NOTI IMPACTO- El juez Delby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, varió el lunes la medida de coerción de los imputados Alexis Medina, Fernando Rosa y José Dolores Santana, de prisión preventiva a arresto domiciliario, garantía económica, impedimento de salida y grillete electrónico.A Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina y quien guarda prisión preventiva desde diciembre del 2020, se le fijó una fianza de RD$60 millones de pesos a través de un contrato con una compañía dedicada a esos fines, además de impedimento de salida, colocación de un grillete electrónico y arresto domiciliario.A Rosa, exdirector del Fonper, se le impuso una garantía económica de RD$30 millones de pesos y las mismas condiciones que a Medina, mientras que a José Dolores Santana le fijó una garantía económica de RD$20 millones.“La sentencia será leída en su totalidad el 26 de septiembre próximo y a partir de esa fecha se aplican los plazos previstos en la ley para la apelación”, dijo el juez Peguero.El juez aplazó para el 10 de octubre el conocimiento del juicio preliminar en contra de todos los implicados en el caso AntiPulpo, debido a que el exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), Francisco Pagán, no compareció a la audiencia alegando tener COVID-19.Asimismo, el magistrado otorgó un plazo de 20 días a la defensa de la imputada Paola Molina Suazo, quienes pidieron una reposición de plazo a fin de que se le notificara la acusación.En torno al caso también figuran como imputados Carmen Magaly Medina Sánchez, Fernando Rosa, Aquiles Cristopher Sánchez, Freddy Hidalgo, Rafael Antonio Germosén, Julián Esteban Suriel Suazo, entre otros.

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NOTI IMPACTO- Agentes policiales, adscritos al Departamento de Investigaciones de Crímenes y Delitos contra la Propiedad (Robos) desmantelaron una presunta banda de delincuentes que según la institución, se dedicaba a contactar y concretar citas con personas a través de las plataformas digitales “Grinder” y “Tinder”, a los cuales asaltaban para despojarlas de sus pertenencias, incluyendo dinero en efectivo, celulares, prendas y otros objetos.“Los arrestos fueron realizados en los sectores La Ciénaga, Guachupita y Villa María, en esta capital, luego de arduas labores investigativas y de inteligencia”, dice una nota de prensa de la Policía.Los detenidos son Yilbre Yonkeiber Mejía Villa Ruel, de 21 años; Eddy Luis de la Cruz Alcántara, de 18; Diómedes Magallanes Aquino, de 22 y Miguelina Magallanes Aquino, de 18.En poder de los apresados fueron ocupados ocho celulares de distintas marcas y modelos, los cuales están siendo referidos al Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Dicat), para los fines correspondientes.Los reportes preliminares indican que los detenidos se dedicaban a contactar personas, vía las citadas plataformas digitales, utilizando perfiles falsos, y aprovechaban para cometer robos y asaltos.Llamado a víctimasLa Policía llamó a las personas que hayan sido víctimas de los apresados, para que los identifiquen y formalicen las acusaciones.En cuanto a los detenidos y lo ocupado, la Policía dice que serán enviados a la Fiscalía del Distrito Nacional, para ser sometidos a la justicia.

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NOTI IMPACTO- El vicealmirante Félix Alburquerque Comprés, expresidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, fue identificado esta noche como la persona que presuntamente disparó contra el comunicador  Manuel Tavarez Duncan, de 45 años,fue ultimado a tiros en el parqueo del establecimiento RicoHotDog, ubicado en la avenida Núñez de Cáceres esquina Rómulo Betancourt, Distrito Nacional.Se recuerda que Alburquerque Comprés, fue designado el 18 de enero del 2019 como presidente de la DNCD por entonces presidente de la República Danilo Medina, en sustitución del mayor general José Eugenio Matos de la Cruz quien había renunciado al cargo.

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