NOTI IMPACTO - Licey al Medio, Santiago, RD. – El Ministerio de Defensa (MIDE), a través de la Junta de Retiro y Fondo de Pensiones de las Fuerzas Armadas (JRFPFFAA) y el Hospital Universitario Docente Central de las Fuerzas Armadas (HUDCFFAA) en coordinación con el Club de Leones de Licey al Medio, realizó un amplio operativo médico, acción cívica y social en el Centro Educativo Escuela Blanca Mascaró, en beneficio de toda las comunidades, militares activos y retirados, familiares y comunitarios del municipio.La jornada fue desarrollada bajo la supervisión del teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD., ministro de Defensa, como parte de las acciones institucionales orientadas a fortalecer la presencia del Estado en las comunidades y garantizar acceso a servicios de salud y asistencia social.En el marco de la actividad, el ministro de Defensa destacó que estas jornadas forman parte de una línea de trabajo orientada a acercar las instituciones a la gente, mediante acciones que contribuyan al bienestar social y al mejoramiento de la calidad de vida de la población, en cumplimiento de la misión constitucional de las Fuerzas Armadas.Asimismo, resaltó que estos operativos están alineados con los ejes estratégicos del Ministerio de Defensa, orientados a contribuir al mejoramiento progresivo de la calidad de vida de la población dominicana, mediante acciones de proximidad institucional y servicio social.Durante la actividad, el teniente general Fernández Onofre, ERD., señaló que estos operativos responden a un esquema de trabajo permanente que se ejecuta en todo el territorio nacional, con jornadas mensuales y acciones semanales dirigidas a llevar atención médica, asistencia social y acompañamiento humano a los militares retirados, sus familias y la ciudadanía en general.El operativo contó además con la participación del alcalde del municipio, Domingo Almonte Reinoso; el señor León Máximo Caraballo, presidente del Club de Leones de Licey al Medio; la señora Milagros Fernández, integrante de la directiva de dicha organización; el general de brigada Pablo R. Jiménez Sánchez, Presidente de la JRFPFFAA, el General de Brigada Médico Ginecólogo Obstetra Dr. Tomas R. Brache ovalles, ERD, director del Hospital Universitario Docente Central de las FFAA, la licenciada Carolina Mata, directora del centro educativo anfitrión; así como oficiales superiores, subalternos, personal médico y representantes de distintas instituciones.En representación del Club de Leones, su presidente, León Máximo Caraballo, expresó su satisfacción por el desarrollo de la jornada y el impacto generado en la comunidad:“Para nosotros es motivo de orgullo ser parte de este tipo de iniciativas que traen salud y esperanza a nuestra gente.

Vázquez Pérez, P.N., del departamento de Homicidios.Según explicó la organización, el objetivo de la entrega es garantizar que el proceso de investigación se realice conforme a la ley, respetando los derechos fundamentales del joven y asegurando el debido proceso.Derechos Humanos Sin Rostro reiteró su llamado a los jóvenes requeridos por las autoridades a entregarse por la vía correspondiente y evitar situaciones que puedan poner en riesgo sus vidas.

Los jueces merecen respeto, estabilidad y condiciones dignas para administrar justicia con independencia y eficiencia”, expresó Aristy.El jurista señaló que gran parte de las dificultades que hoy enfrenta el Poder Judicial responden a años de acumulación de problemas estructurales que no han sido enfrentados con la urgencia requerida.En ese sentido, sostuvo que la falta de jueces y personal administrativo ha provocado una peligrosa sobrecarga en los tribunales, afectando no solo a los magistrados, sino también a abogados, empleados judiciales y miles de ciudadanos que diariamente acuden en busca de respuestas judiciales oportunas.“Hoy existen jurisdicciones completamente desbordadas, audiencias retrasadas, expedientes acumulados y operadores de justicia trabajando en condiciones que afectan incluso su salud física y emocional”, afirmó.Aristy recordó que los reclamos de los magistrados incluyen mejoras salariales acordes con el costo de vida, igualdad de condiciones entre distintas jurisdicciones y la creación de plazas que permitan descongestionar el sistema judicial.Asimismo, consideró que el Consejo del Poder Judicial debe abrir de manera inmediata un espacio de diálogo sincero y transparente que permita encontrar soluciones consensuadas antes de que el conflicto escale y termine afectando directamente a la ciudadanía.“Siempre he creído en el diálogo y la concertación.

Ambos fueron enviados a cumplir la disposición judicial a los centros de corrección y rehabilitación Najayo Hombres y Najayo Mujeres, en San CristóbalArrestoEl arresto de los tres jóvenes se ejecutó durante la madrugada del pasado sábado 9 de mayo de 2026, alrededor de las 2:20 a.m., mientras se desplazaban a bordo de una yipeta Honda CR-V de color blanco por la avenida Mella, en el sector Andrés del municipio de Boca Chica.EvidenciaSegún la solicitud de medida de coerción presentada por el órgano persecutor, durante el registro de la consola y el interior del automóvil las autoridades lograron incautar dos pistolas: una provista de su cargador con cuatro cápsulas y otra completamente desarmada.Adicionalmente, en el compartimiento central del vehículo fue hallado un cargador especial con capacidad extendida para albergar hasta 30 cápsulas, el cual contenía en su interior un total de 10 proyectiles vivos al momento de la incautación.Tras el cruce de datos en los archivos del Estado, la Policía Nacional informó de manera preliminar que una de las armas de fuego ocupadas en la operación figura como sustraída en el año 2018 a un miembro activo de la institución del orden.

NOTI IMPACTO —  Santo Domingo, RD.- Un joven residente en Haina, denunció ante la Procuraduría General de la República (PGR), que su esposa se marchó de la casa junto a tres niñas que ambos pocrearon y hasta el momento solo ha sabido que están en una casa de acogida, la cual desconoce su ubicación, por lo que pide ayuda de las autoridades para resolver el caso.Luis Alberto Contreras, de 26 años de edad, explicó que su esposa Karina Reyes, de 25, abandonó el hogar el pasado 25 de abril con sus tres niñas de 6, 3 y un año de edad, sin razones justificadas.Dijo que hasta el momento solo ha sabido de que su pareja está en una casa de acogida, pero desconoce el paradero de las pequeñas, situación lo mantiene atormentado.Acomoañado por el coordinador de los Derechos Humanos para la region sur, doctor Carlos Sánchez Díaz, Contreras acudió ante la magistrada Yeni Berenice Reynoso, donde se puso a disposición de las autoridades para ser investigado con relación al caso y que además, las autoridades le ayuden a resolver el problema.Asi mismo, el también representante de los Derechos Humanos, Jhonatan Báez, dijo que Reyes tiene un comportamiento inestable, por lo que recomendó a las autoridades intervenir ante esta situación, mientras vecinos de la pareja asegura que el joven nunca ha tenido una actitud violenta, como explicó Joaquina Berroa.

NOTI IMPACTO- Los agentes de la Procuraduría General de la República actuantes en la detención del fiscal Aurelio Valdez Alcántara usaron dinero marcado para la entrega que hizo la persona vinculada al caso Senasa a la que el ahora imputado le solicitó un soborno.Los 10 mil dólares en billetes de a 100 dólares que le entregó Roberto Canaán al hoy imputado eran de la Procuraduría, que tomó fotos de los billetes para comprobar la procedencia del dinero.Según el expediente, el caso se origina en un encuentro celebrado el 13 de marzo de 2026 en una plaza comercial con el empresario Roberto Canaán, un testigo del Ministerio Público en el caso de corrupción de SeNaSa al que le pidió 200 mil dólares a cambio de no judicializarlo.El operativo en plazaEl 27 de marzo de 2026 se ejecutó una entrega vigilada del soborno en el área de estacionamiento del centro comercial Bella Vista Mall.De acuerdo con el documento, el fiscal se presentó en el lugar a bordo de una Honda CRV, donde hizo contacto con Canaán, quien previamente había sido instruido para realizar la entrega bajo supervisión de las autoridades.Tras recibir el dinero, el imputado abandonó momentáneamente el área, pero regresó poco después al mismo estacionamiento para dejar a Canaán luego de recibir el dinero.En ese momento, los equipos actuantes procedieron a interceptarlo.

Durante ese tiempo, la acusación fue respaldada por órganos del Ministerio Público y acompañada por querellas de representantes de distintos consorcios privados vinculados al sector de bancas.El equipo legal del exfuncionario consideró que el caso tuvo una fuerte dimensión mediática y reiteró que los procesos penales deben resolverse en los tribunales.Reacciones y expectativasTras conocerse la decisión definitiva, se espera que en los próximos días se produzcan reacciones tanto en el ámbito político como institucional, debido al impacto que el caso tuvo desde su inicio.El equipo jurídico señaló que el fallo reafirma la importancia de la presunción de inocencia y del rigor probatorio en los procesos judiciales.Con esta sentencia, el proceso queda formalmente cerrado en la jurisdicción correspondiente.

NOTI IMPACTO - Santo Domingo.- La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, aseguró que el homicidio del adolescente Nauriel Misael Medina a manos de dos nacionales haitianos en el sector Los Mina se encuentra en proceso de investigación y que ningún caso de esta naturaleza queda impune en la República Dominicana.Raful calificó el hecho como “lamentable” y explicó que en el caso hay varios menores involucrados que residían en el mismo entorno donde ocurrió el suceso.

NOTI IMPACTO — La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia rechazó los recursos de casación interpuestos por William Lizandro Rosario Ortiz y Eladio Batista Valerio, condenados por su participación en el fraude del sorteo de la Lotería Nacional celebrado el 1 de mayo de 2021, declarando firme la sentencia condenatoria dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.En la misma decisión, el alto tribunal confirmó la absolución de Luis Maisichell Dicent, exdirector de la Lotería Nacional, ratificando el fallo emitido por el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional en marzo de 2023, así como la decisión de la corte de apelación que rechazó la pretensión del Ministerio Público de anular dicha sentencia.La Suprema Corte consideró que los jueces de fondo realizaron una correcta valoración de las pruebas aportadas durante el proceso, respetando los principios del debido proceso, la presunción de inocencia y la sana crítica, razón por la cual no se verificaron los vicios denunciados en los recursos de casación.En cuanto a Rosario Ortiz, la jurisdicción de apelación determinó su responsabilidad penal por violación a disposiciones del Código Penal Dominicano y de la Ley núm.

NOTI IMPACTO - Santo Domingo, R.D. – La abogada María del Pilar Zuleta, miembro de la defensa técnica del exministro de Hacienda Ángel Donald Guerrero Ortiz, afirmó este viernes que los RD$21 mil millones señalados por el Ministerio Público en el caso Calamar no tuvieron origen en fondos del Estado dominicano.Zuleta sostuvo que durante la audiencia preliminar fueron presentadas pruebas que, a juicio de la defensa, desmontan la acusación económica formulada contra su representado.“En el día de hoy hemos podido demostrar, en la audiencia preliminar del caso Calamar, de manera fehaciente, que los RD$21 mil millones atribuidos al señor Donald Guerrero no salieron del Estado”, declaró la jurista al ofrecer declaraciones a la prensa.El Ministerio Público imputa en este proceso, además de Guerrero Ortiz, a José Ramón Francisco de Jesús Peralta Fernández, exministro Administrativo de la Presidencia; Gonzalo Castillo Terrero, exministro de Obras Públicas; Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana, excontralor general de la República; y Rafael Porfirio Calderón Martínez, exsenador, entre otros exfuncionarios.Según el expediente acusatorio, una presunta red habría utilizado el organigrama del Estado para conformar una estructura criminal integrada por varias instituciones públicas, entre ellas el Ministerio de Hacienda, la Contraloría General de la República, la Dirección General de Bienes Nacionales, el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), la Dirección General de Catastro Nacional, el Banco de Reservas y la Dirección General de Presupuesto.El caso Calamar continúa en fase de audiencia preliminar, mientras el tribunal evalúa las pruebas presentadas por las partes antes de decidir sobre la apertura a juicio.

Todo para inscribirnos en una economía procesal.II. La propuesta fue rechazada y cuando llegó la audiencia del 12 de marzo 2025 hubo que aplazarla para el 2 abril, 2025 porque ella sustituyó al referido abogado, originándose un déficit procesal ante el citado cambio de abogado, aplazándose para 14 mayo 2025 a la vez que se ordenaba la prueba de ADN en Santiago por la proximidad, la cual se frustró por única vez, porque el artista Santos Muñoz tenía cita y estudios médicos en Santo Domingo, probado en documentos que creyó el tribunal y la misma señora, fijándose fecha para nueva experticia el 2 julio 2025.III. A la experticia del 2 julio 2025 Anthony Santos llegó a la sede del laboratorio primero que la señora Taveras y su niño, tomándole las muestras a ambos, fijándose audiencia para el 30 de julio 2025, a fin de brir el sobre lacrado delante de las partes, en pleno tribunal, sucediendo la apertura del referido sobre y Domingo Antonio Santos Muñoz otorgó aquiescencia a las conclusiones de dicha señora.IV. Problema inesperado.

La gravedad que tienen estos hechos es descomunal y justifica la medida de coersión que ha sido impuesta por el tribunal y la defenderemos a capa y espada cuando se conozca el recurso”, dijo el titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público al hablar a periodistas a su salida de la audiencia celebrada por la Corte de Apelación utilizando como espacio físico una de las salas en el Tribunal de la Jurisdicción Inmobiliaria, ubicado en el Centro de los Héroes.Camacho puntualizó que el Ministerio Público estaba preparado para conocer la audiencia de este lunes, la cual fue aplazada por el pleno de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional debido a que la imputada Ada Ledesma Hubiera se presentó sin abogado para su defensa.Al ser cuestionado sobre la ampliación de la investigación, Camacho precisó que el Ministerio Público continúa trabajando para llevar a los tribunales, en el menor tiempo posible, una versión 2.0 de Operación Cobra.“Nosotros nunca nos detenemos, seguimos trabajando con esta versión que hemos judicializado de Operación Cobra y estamos trabajando a toda marcha para en el menor tiempo posible tener en los tribunales la siguiente versión de Operación Cobra, tal como lo dijimos cuando se conoció este proceso de que habrá una versión 2.0 y la habrá en el menor tiempo posible”, dijo.Algunos periodistas le preguntaron sobre afirmaciones en torno al caso expresada por un abogado en ejercicio que apeló la coerción de todos los imputados, Camacho consideró que se trataba de una provocación.