NOTI IMPACTO -  Acogiendo la petición del Ministerio Público, el Tribunal Colegiado de La Altagracia condenó a 30 años de prisión a tres hombres que traficaron más de 185 kilogramos de drogas en el año 2022, la cual transportaban en una embarcación desde Cartagena, Colombia, hacia República Dominicana.Los dominicanos Gustavo Adolfo Lamoni, José Luis Alcalá de la Cruz y Anthony Sánchez de la Rosa fueron condenados tras ser declarados culpables de tráfico internacional de drogas.La pena máxima le fue impuesta a los tres procesados porque la droga sería utilizada para consumo en el país, lo cual constituye un agravante de ese delito.El arresto de los tres hombres se ejecutó de manera flagrante el 2 de febrero del año 2022, alrededor de la 1:42 de la madrugada, por agentes de la Armada de la República Dominicana, en la comunidad Los Melones, en el Distrito Municipal de Bayahíbe, al sur del municipio San Rafael del Yuma.El expediente detalla que, al ser requisada dicha embarcación, se ocuparon siete (7) sacos de nylon, conteniendo en su interior la cantidad de ciento setenta y cinco (175) paquetes de drogas.Indica que las sustancias narcóticas fueron enviadas al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y, al ser analizadas en su laboratorio, se determinó que 181.50 kilogramos correspondían a cocaína clorhidratada y 4.68 libras a marihuana, lo cual consta en un certificado de análisis químico forense.Adolfo Lamoni y José Luis Alcalá de la Cruz fueron arrestados dentro de la embarcación.

Justicia y Sociedad El programa Justicia y Sociedad 2025 una iniciativa que desarrolla la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ) y que busca acercar el Poder Judicial a las comunidades para contribuir con la transparencia y el acceso de las y los usuarios del sistema.

NOTI IMPACTO  - El senador por el Distrito Nacional, Omar Fernández, presentó este lunes un proyecto de ley con un conjunto de medidas urgentes y extraordinarias orientadas a garantizar el acceso ágil, gratuito y digno a servicios y procedimientos que garanticen su dignidad.Entre las 10 medidas, incluye la creación de Registro Nacional de Afectados, a cargo del Consejo Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres, datos que servirán como fuente oficial de alimentación para las instituciones que trabajarán la aplicación de las medidas de asistencia a los sobrevivientes, sucesores, dependientes.Según el proyecto, los menores de edad que perdieron a sus padres serán reconocidos como sujetos de protección prioritaria del Estado y se les acompañará en la gestión expedita de garantía de educación básica, media y superior.Además, establece la inclusión en los esquemas de pensiones solidarias a quienes por su condición económica lo necesiten.El proyecto ordena la liberación del impuesto de sucesión patrimonial en transferencias a sus deudos con un tope de hasta RD$10 millones por caso.Asimismo, el proyecto plantea facilitar los procesos de adopción y tutela de los menores en desamparo y ordena a la Suprema Corte de Justicia crear una unidad especial, con carácter Ad-Hoc y temporal, para agilizar los procesos judiciales relativos a la protección de los derechos de los sobrevivientes y sucesores de la tragedia del Jet Set.Con relación a liberación de recursos de pensiones, seguros de vida y recursos bancarios, conforme al proyecto deberán entregarse en un plazo no mayor a 30 días una vez concluidos los procedimientos legales que le anteceden.El senador de la Fuerza del Pueblo estableció que es un tema de humanidad acompañar a las familias a transitar sin traumas este proceso, para garantizar su reinserción en la sociedad.“Aprobar esta ley, más que un gesto de amor y solidaridad representa un acto de justicia social para quienes nos han elegido sus representantes”, expresó el legislador.

NOTI IMPACTO- Tras la tragedia ocurrida la madrugada del pasado martes 8 de abril, que dejó como saldo 231 muertos y más de 150 heridos, al desplomarse el techo de la Discoteca Jet Set, el abogado Vinicio Aquino Figuereo, aseguró que la responsabilidad que pueda desprenderse del lamentable suceso, deberá ventilarse en el ámbito civil, ya que no constituye un delito penal.Precisó, que en el caso de la especie, no hay un hecho per se, de persona a persona, de que con imprudencia se haya ocasionado la muerte o golpes y heridas a una persona X, por lo que aseguró que de ser así, entraría el artículo 319 y 321 del Código Penal, que castiga la imprudencia y diligencia para cometer estos hechos, con pena correccional de 2 meses a 2 años de prisión, dijo."Hemos escuchado algunos togados que se han adelantado a depositar demandas contra los propietarios de la Discoteca Jet Set ante el hecho que ha conmocionado al país y parte del mundo, sin embargo, estas demandas son extemporánea, toda vez que todavía no se han recogido los elementos necesarios que demuestren el tipo de responsabilidad que se pueda aplicar y a quien va a tocar esa responsabilidad" aclaró.El profesional del derecho, indicó que "no hemos visto un levantamiento realizado por los bomberos que determine si fue una explosión, si hubo empuje, no se sabe, tampoco sabemos si existen los permisos correspondientes que debió otorgar el Ayuntamiento del Distrito Nacional, ya que una obra de esta magnitud conlleva una permisologia, habría que ver también qué ingeniero trabajó en esta obra, osea, son muchas las pesquisas e investigaciones que faltan por desarrollar para determinar el tipo de responsabilidad que esto implica, y apoderar el tribunal correspondiente para que no sea rechazada la demanda" Precisó que en el caso per se, que es lo que más preocupa al pueblo, hay que ser responsables como profesionales del derecho y emitir los juicios correspondientes que ordena la ley "en esta acasion, si es como empresa que operaba el Jet Set, esto lo que tiene es personería jurídica no física, por lo que lamentablemente va a tomar la rienda del caso los canales civiles correspondientes y ahí entra lo que es el artículo 1382 hasta 1386 del Código Civil Dominicano que establece responsabilidad realmente, sobre edificios, negocios y administradores, pero no en el ámbito penal" señaló.El abogado Vinicio Aquino Figuereo, coincidió en señalar que es entendible que debe haber responsabilidad en el fatídico suceso, pero reiteró que sería en el ámbito civil "pero habría que empezar a tejer y buscar las herramientas y fundamentos necesarios que establezcan el tipo de responsabilidad que habría que aplicarse" concluyó.

NOTI IMPACTO -  La Procuraduría General de la República ha ordenado una investigación formal sobre el trágico colapso ocurrido en la discoteca Jet Set, suceso que ha dejado un saldo de 226 personas entre fallecidos y hospitalizados, algunos en estado crítico.Según fuentes del Ministerio Público, la Dirección General de Persecución, en conjunto con la Fiscalía del Distrito Nacional, está a cargo de las indagatorias para esclarecer las causas del siniestro.Entre las víctimas se encuentra el reconocido merenguero Rubby Pérez, cuya hija, Zulinka Pérez, anunció que tomará acciones legales contra los propietarios del establecimiento, a quienes responsabilizan por la tragedia.Este domingo concluye el luto nacional de seis días decretado por el presidente Luis Abinader.

En dicha reunión le fue planteado a la Magistrada Reyes Acosta la pertinencia de suscribir un acuerdo de cooperación técnica interinstitucional entre el Ministerio Público, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Agricultura, Dirección General de Ganadería, Colegio Dominicano de Médicos Veterinarios (COLVET)  y la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU).   También, conversaron sobre las sanciones contra los mataderos no regulados y su clausura por parte del Ministerio de Salud Pública con la preocupación sobre su reapertura irregular, promover el bienestar animal a través de las acciones de lugar, así como revisión del compendio legislativo vigente sobre sanidad y protección animal para su actualización.   Además, fue tratado tanto el tema del robo de animales como la problemática con la emisión del documento de propiedad de los mismos.   En la reunión participaron los doctores Geovanny Molina, Farailda Troncoso, George Monsanto y Ana Martínez, director general, asesora técnica, miembro de la división de enfermedades menores y médico veterinario de la Dirección General de Ganadería del Ministerio de Agricultura, respectivamente.   Asimismo, los doctores José Segura y Luis Martínez, vicepresidente y secretario general de COLVET,  y el licenciado Jorge Paniagua, asesor legal de entidad. 

NOTI IMPACTO- VILLA ALTAGRACIA (República Dominicana).- El Ministerio Público de esta jurisdicción presentó acusación formal en contra de un hombre que le provocó la muerte a palos a su pareja, en un hecho ocurrido el 6 de noviembre del pasado año, en el municipio Villa Altagracia, provincia San Cristóbal.Nazario Mercedes (Bolívar o El Viejo), quien cumple prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Najayo, en San Cristóbal, fue acusado por el asesinato de su pareja Yesica Figueroa, alias Gisell.El Ministerio Público indicó que la víctima fue golpeada varias veces en la cabeza con un palo, resultando con contusión y hemorragia cerebral.

NOTI IMPACTO- Santo Domingo, RD.- La Oficina de Atencion Permanente de Santo Domingo Oeste, impuso un año de prisión preventiva como medida de coerción, contra dos imputados en un doble asesinato en la calle Caracas, de Buenos Aires de Herrera, en Santo Domingo Oeste.El Tribunal, quien declaró complejo el caso, dispuso que los acusados Darlyn Cuevas Amador, de 29 años de edad y Daurys de Los Santos Aguirre, de 29 años también, deberán cumplir la medida en la cárcel de La Victoria.Ante esta decisión, el abogado de la defensa, Vinicio Aquino Figuereo, se opuso a la medida impuesta, tras asegurar que el Ministerio Público no había formulado su acusación con una precisión de cargo, que indique tiempo, lugar y modo, con respecto a su representado.De igual manera, el profesional del derecho, Aquino Figuereo, aclaro que los imputados a quienes representan, acudieron voluntariamente a ponerse a disposición de los investigadores, dejando claro que la finalidad de la medida de coercion es la presencia de los imputados a los actos procesales."Los señalados se habían presentado por mutuo propio ante las autoridades y eso hay que valorarlo, además tienen arraigo suficiente en el territorio determinado, por su asiento, familiar, social, laboral y conductual, lo que garantiza que estos no se sustraeran del proceso" indicó Vinicio Aquino Figuereo.Son acusados en la muerte a tiros de Néstor Junior D’Óleo Cabrera y Michael Josué Grullón de la Cruz, de 26 años, en un hecho registrado la madrugada del pasado 20 de marzo, en la calle Caracas, en Buenos Aires de Herrera, Santo Domingo Oeste.La audiencia inició a las 12:30 pm y concluyó a las dos de la tarde, donde los encartados fueron acusados de inobservar los artículos 265, 266, 295 y la ley 631.Inconforme con la decisión y la declaratoria de complejidad del caso, el abogado Vinicio Aquino Figuereo, adelantó que en la revisión obligatoria solicitará libertad pura y simple para sus representados.

El Ministerio Público en Villa Altagracia anunció para este sábado a las 11 de la mañana el conocimiento de la medida de coerción contra los imputados Eucebio de Jesús Abad, Teodoro Rudecindo Abad y Félix Rosario Martínez, quienes habrían sido “arrestados en flagrante delito por el segundo teniente Wandy Bautista Felina, PN”, lo que trascendió en medios de comunicación.

NOTI IMPACTO- SANTO DOMINGO OESTE (República Dominicana).- La Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (PGASE), en conjunto con la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EDEESTE), ejecutó un masivo operativo contra el fraude eléctrico en la provincia de La Altagracia, revelando un esquema de conexiones irregulares que genera millonarias pérdidas al sistema eléctrico nacional.Durante la jornada, en la que participaron más de 15 fiscales de la PGASE, unos 15 agentes del orden y más de 20 equipos de esa procuraduría y de EDEESTE, se inspeccionaron varios comercios de alto consumo, se detectaron maniobras fraudulentas que afectaban la estabilidad y equidad del servicio eléctrico.Entre los establecimientos notificados figuran Agrofem, Queso Don Eddy y un cuarto frío operado por Carlos Manuel Medina de los Santos, donde se identificaron conexiones ilegales que permitían un consumo desproporcionado en relación con la energía facturada.

NOTI IMPACTO -  LA ROMANA (República Dominicana).- Acogiendo la solicitud del Ministerio Público, la Oficina Judicial de los Servicios de Atención Permanente del distrito judicial de La Romana dictó 18 meses de prisión preventiva, como medida de coerción, en contra de tres miembros de la red dedicada a la estafa inmobiliaria, asociación de malhechores y lavado de activos, desarticulada en el Caso Guepardo.La magistrada Margarita Cristo Cristo dictó los 18 meses de prisión preventiva en contra de la nacional canadiense Yves Alexandre Giroux, Marisol Nova Nolasco y Rocío del Alba Rodríguez de Moya, quienes cumplirán la medida en el Centros de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís y en Najayo MujeresEl Ministerio Público, representado por los procuradores fiscales Claudio Cordero, Bienvenido Florentino y Manuel Castro de la Procuraduría Antilavado y la Fiscalía de La Romana, también logró que el tribunal declarara la complejidad del proceso y acogiera la oposición a venta u traspaso de bienes muebles e inmuebles identificados.Con sus argumentos, el órgano persecutor del delito penal también consiguió que la magistrada Cristo Cristo rechazara los pedimentos de excepción de constitucionalidad contra la aplicación de la sentencia 765 el 29 de noviembre de 2024, dictada por el Tribunal Constitucional, por la misma estar diferida hasta noviembre de 2025 y de nulidad del arresto, por haberse respetado los cánones legales al momento de su arresto.Sobre Caso GuepardoLa estructura criminal se dedicaba a promocionar proyectos inmobiliarios, atrayendo compradores de República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos y Europa, a través de la promoción de RE/MAX, al ser una empresa internacional, altamente reconocida por su credibilidad en este mercado.La investigación realizada por el Ministerio Público, con el apoyo técnico de la División de Investigación de Lavado de Activos y Terrorismo (DILAFT), de la Policía Nacional y conforme al informe financiero preliminar, realizado por la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, a través de la Unidad de Investigaciones Criminales, se ha identificado, que los miembros de la organización delictiva han recibido la suma de US$ 18,851,583.12.Se recuerda que el pasado viernes 7 de febrero de 2025 se practicaron 11 allanamientos y 2 incautaciones de bienes inmuebles en Santo Domingo Este, Distrito Nacional, La Romana y La Altagracia, donde se secuestraron vehículos de alta gama, aparatos electrónicos y documentación relevantes al entramado, con lo que ha permitido al órgano persecutor identificar el modus operandis de la red.El Ministerio Público ha indicado que el accionar de estos malhechores constituyen una violación a los artículos 405, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, 15 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

NOTI IMPACTO- Santo Domingo, RD.- El Jurista Johnny Rodríguez, manifestó su respaldo a los avances que hasta hoy exhibe el proyecto de Reforma Policial que impulsa el gobierno dominicano, con el propósito de trasnformar la institución en un órgano más profesional, mejor preparado y de proximidad ciudadana.Asi mismo, el profesional del derecho reconoció que el actual gobierno ha sido el que más ha invertido en esta importante iniciativa, evidenciándo así voluntad de transformar verdaderamente al cuerpo del orden.Dijo, que si bien es cierto que se han conformado diferentes comisiones para forjar la Reforma Policial, así como muchas inversiones y multiples esfuerzos, precisó que amerita que se sigan impulsando acciones para lograr esos objetivos."Entiendo que aunque hay avances tangibles, faltan muchas cosas más por lograr, ejemplo, más capacitación, un programa de acercamiento entre policías y ciudadanos, ya que ante los conflictos sociales que surgen a diario y el poco contacto entre uniformados y la generalidad de la población, podría dificultar el trabajo y debe primar la confianza de la ciudadanía en la institución, que entienda que es un nuevo rostro, una nueva misión, pero el propósito de proteger y garantizar la paz social" indicó.Rodríguez, puntualizó que la destinación de equipos, tecnologías, armas, nuevos uniformes, entrenamientos, capacitación y accesoria internacional, como ha estado aportando el gobierno al proyecto, contribuye a mejorar la calidad y el perfil policial que demanda la población dominicana en estos tiempos.El abogado Johnny Rodríguez, consideró que la reestructuracion policial es una necesidad nacional, sin embargo, entiende que hay que acercarla más a la ciudadanía, a fin de fortalecer la seguridad ciudadana en todo el país, reducir la tasa de homicidios, contrarestar los robos y asaltos, lograr un servicio público de policía reconocido socialmente por su confianza y que la sociedad dominicana se sienta orgullosa de sus policías, concluyó.