NOTI IMPACTO – Un accidente de tránsito ocurrido en la circunvalación Azua-Baní dejó gravemente herido al joven Denny Junior Rivera Jiménez, quien fue impactado por una camioneta mientras conducía su motocicleta.El conductor de la camioneta, identificado como Luis Blanco Rosario, con la placa L437077, emprendió la huida inmediatamente luego del hecho, dejando abandonada a la víctima, en violación a lo establecido en la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que obliga a brindar asistencia inmediata en casos de accidentes.Rivera Jiménez fue trasladado al Hospital Traumatológico Ney Arias Lora gracias a la intervención de la Fundación Movido, que también asumió la asistencia social y el acompañamiento legal.

En ese momento, agentes de Politur lo interrogaron sobre su presencia en el lugar, y pese a identificarse y explicar sus motivos, fue esposado y trasladado a la unidad policial.Montero aseguró que durante el traslado los agentes mostraron empatía y respeto, y que en el destacamento también recibió un trato cordial, incluso por parte del oficial que lo arrestó.

NOTI IMPACTO – Santo Domingo, RD. – La licenciada Anabel Tolentino, recién graduada en Psicología Escolar, denunció este viernes haber sido víctima de un robo tras la ceremonia de graduación organizada por la Universidad Dominicana O&M, donde se entregaron a la sociedad 1,585 nuevos profesionales.Según relató la joven en un video que se ha viralizado en redes sociales, al salir del evento realizado en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, descubrió que su vehículo había sido forzado por desconocidos, quienes rompieron el cristal lateral derecho y sustrajeron todas sus pertenencias.Tolentino explicó que, al momento de estacionarse, un individuo no identificado le exigía RD$500 a cambio de permitirle aparcar en el área, incluso entregando un volante impreso con dicho valor.

NOTI IMPACTO - El Tribunal Superior Electoral (TSE) ordenó a la Comisión Nacional Electoral (CNE) del partido político Fuerza del Pueblo (FP) incluir en la boleta electoral la candidatura de la señora Francisca Tapia Marte a la Dirección Central a nivel territorial municipal, de cara al proceso eleccionario denominado Congreso Nacional Electoral “Dr. Manolo Tavárez Justo”, a celebrarse el 3 de agosto de dos mil 2025.La Alta Corte sostiene que en caso de que exista imposibilidad de reimprimir las boletas para distribuirlas a los centros de votación, se ordena a la parte accionada ejercer cualquier logística que sea necesaria para garantizar el derecho a ser elegible de la señora Tapia Marte.Los magistrados Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, Juez Presidente; Rosa Pérez de García, Pedro Pablo Yermenos Forastieri, Fernando Fernández Cruz y Hermenegilda del Rosario Fondeur Ramírez, Jueces Titulares, ordenaron además a la Comisión Nacional Electoral (CNE) del partido político Fuerza del Pueblo (FP), que a partir de la emisión de la presente decisión, anuncie a través de sus medios de difusión, la inclusión de la Francisca Tapia Marte como candidata a la Dirección Central a nivel territorial, con el fin de que los miembros del partido político habilitados para votar tomen conocimiento de su candidatura, así como cualquier otra medida que pueda darle publicidad a la misma e incremente las garantías de su derecho a la participación política.El Tribunal cogió en cuanto al fondo la acción de amparo por comprobarse la vulneración al derecho a ser elegible de la accionante Francisca Tapia Marte, de cara al proceso electivo interno del partido político Fuerza del Pueblo (FP), al ser excluida sin manifestar motivos del listado de candidatos a la Dirección Central Territorial a nivel municipal de la referida organización, en el marco del Congreso Electoral Manolo Tavárez Justo.La Alta Corte acogió en cuanto a la forma la acción de amparo incoada por la señora Tapia Marte, el 31 de julio 2025, contra la Comisión Nacional Electoral (CNE) del partido político Fuerza del Pueblo (FP) del Congreso Electoral Manolo Tavárez Justo, en aplicación de una tutela judicial diferenciada y economía procesal.Los jueces ordenaron la ejecución de la sentencia sobre minuta, en virtud del artículo 90 de la Ley núm.

NOTI IMPACTO -  La jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, impuso medidas de coerción contra Ingrid Jorge, conocida como “La Torita”, acusada de difamar a la ministra de Interior y Policía, Faride Raful.El tribunal dictó impedimento de salida del país, presentación periódica y el pago de una garantía económica de RD$200,000 en efectivo.La querella, presentada por la funcionaria, señala que Jorge habría difundido expresiones injuriosas sin fundamento, con el propósito de dañar la imagen pública y profesional de la ministra.

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El mismo continúa los Grupos Especializados de Trabajo iniciados en el período anterior y se crearon dos nuevos grupos, uno para Acceso Trasnacional a la Justicia y denominado Compliance Judicial (cumplimiento normativo y ético dentro del sistema de justicia).

NOTI IMPACTO – Tras ponderar evidencias y determinar la vulneracion de derechos, en el cierre arbitrario de la Discoteca Roar Wave Club, por parte de agentes de la Policía Nacional, ubicada en las instalaciones del Hotel Acuariun, Avenida España, Santo Domingo Este, la Primera Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de Santo Domingo, dispuso la apertura del establecimiento y que el mismo pueda operar las 24 horas.De igual manera, la Jueza María S. Cordero, condenó al director de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, al pago de un astreinte de RD$30,000 por cada día de retraso en el cumplimiento de la disposición, mediante la Sentencia 546-2025-SSEN-00227, emitida el 23 de este mes de julio 2025.El abogado defensor, Vinicio Aquino Figuereo, precisó que esta decisión constituye un hecho sin precedente en el país, ya que es la primera vez en que un tribunal emite una condena de esta naturaleza contra un jefe policial en la República Dominicana.Tras la disposición en esta sentencia, el profesional del derecho aseguró que en el país se está aplicando verdadera justicia de manera efectiva y con equidad.Conforme a la sentencia, la Primera Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de Santo Domingo, acogió un recurso de amparo interpuesto por la defensa, y determinó que los agentes policiales actuaron de manera arbitraria, sin previa autorización de autoeidad competente para tales fines.El Tribunal fijó para el 29 de este mes de julio la lectura integra del dispositivo, a las 9:00am.

La acción legal se fundamenta en la inacción prolongada del Ministerio Público frente a una querella interpuesta desde el 10 de noviembre de 2023 contra el señor Yanko Iván Holguín Meléndez, por presuntos actos de barbarie, violencia contra la mujer y privación ilegal de libertad.Según la denuncia, a más de ocho meses de haber sido presentada la querella, el Ministerio Público no ha realizado ninguna diligencia de investigación, a pesar de que esta incluía propuestas claras de actuación, incluyendo requerimientos a centros de salud mental presuntamente implicados en los hechos denunciados.La señora Farías Figueroa habría sido retenida en contra de su voluntad en varias instituciones de salud mental, como los centros Buen Hogar, Renova y la clínica del Dr. Fernando Cuello Pérez, sin orden judicial ni diagnóstico previo.

NOTI IMPACTO – La Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de Primera Instancia del Distrito Nacional, conocerá en audiencia este lunes 14 de julio a las 9:00am; una demanda interpuesta contra el Ministerio de Turismo y su titular, David Collado, asi como otras instituciones publicas y privadas, por plagio de obras, marca país.Dicha audiencia fue fijada para la fecha indicada, como parte del proceso judicial que se sigue por la empresa Eme Productions S.R.L., contra Turismo, Collado y otras instituciones públicas y privadas, quienes según la compañía, incurrieron en violacion a la ley 65-00 sobre derecho de autor, por el uso no autorizado de las obras "marca país" denominadas "aquí promovemos el país " y "República Dominicana: un pais especial; historia, cultura y turismo" autoría de la empresa demandante.Eme Productions S.R.L, a través de sus abogados, Johnny Rodríguez y Norberto Báez, aseguró que han presentado al Tribunal cientos de pruebas físicas y digitales sobre el alegado fraude cometido en su contra por las instituciones demandadas, quienes han promocionado al país con las marcas de la empresa sin la debida autorización, demostrando el origen de las obras plagiadas y las diferentes violaciones.Además, están siendo demandados la Presidencia de la República, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Centro de Exportación e Inversión de República Dominicana (Pro-Dominicana), la empresa Made in Spain S.R.L, funcionarios y miembros del sector privado que conforman la comisión multisectorial, creada mediante el decreto 466/2020, por mutilaciones a las obras creadas en 1994 y registradas entre 2005 y 2012, cuyas informaciones se encuentran en los archivos de la Oficina de Derecho de Autor hace más de 15 años.Los abogados de la empresa demandante, adelantaron que las instituciones imputadas tendrán que resarcir por daños ocasionados a Eme Productions S.R.L, por violación a la ley 65-00 sobre derecho de autor, tras indicar, que Made In Spain fue contratada para manejar las campañas de publicidad del Ministerio de Turismo por mucho tiempo y una inversión de más de 54 millones de dólares, mientras su registro mercantil indica que la misma se dedica a la exportación de productos agricolas, lo que constituye además, una violacion flagrante a la ley 340-04.La audiencia esta fijada para las 9:00 am.

NOTI IMPACTO - El presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), magistrado Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, y el ministro de la Vivienda y Edificaciones (MIVED), Carlos Bonilla Sánchez, y el director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), Olmedo Caba Romano realizaron un recorrido de supervisión a la construcción del edificio que alojará la nueva sede de la Alta Corte.La construcción de esta moderna edificación se inició en mayo de 2024 con el acto de primer picazo, y actualmente alcanza más de más del 60% de ejecución y la culminación de la misma se estima que este, para finales del presente año de acuerdo con el cronograma establecido y su entrega está prevista para diciembre de este año.El nuevo edificio contará con 4,882 metros cuadrados distribuidos en cinco niveles, concebidos para responder a las necesidades funcionales, operativas y administrativas del tribunal encargado de los procesos contenciosos electorales, las rectificaciones de actas del Estado Civil y los cambios de nombres en el país.El diseño contempla áreas clave para el desempeño institucional, entre ellas un salón de audiencias con capacidad para 220 personas, un comedor para 160 comensales, oficinas para directores y encargados de unidades, una biblioteca especializada, y un salón multiuso destinado al funcionamiento del Centro de Investigación y Capacitación en Justicia Electoral y Democracia (CICJED).Además, se ha dispuesto un área de salud y otros espacios funcionales orientados a brindar condiciones laborales óptimas y dignas para los servidores del “Tribunal de la Democracia”.La visita se llevó a cabo por invitación del magistrado Camacho Hidalgo, con el objetivo de que el titular del MIVED, constatara de primera mano cómo se desarrollan los trabajos, avances y detalles técnicos de la infraestructura.Esta nueva infraestructura busca fortalecer la institucionalidad democrática y garantizar un entorno adecuado para el ejercicio de las atribuciones constitucionales del TSE.El presidente del TSE, explicó el proceso de la obra, como se ha desarrollado.

“Inicia la etapa preparatoria que abre la fase de investigación, así que vamos por más”, enfatizó.“Estamos solicitando prisión preventiva, como medida de coerción, ya que se trata de una estafa contra el Estado en instituciones públicas de tal magnitud que perjudica la libre competencia de otras empresas”, indicó.Sostuvo que los militares y civiles implicados en la estructura de corrupción administrativa enfrentada por el Ministerio Público violan la Ley de Compras y Contrataciones (Ley 340-06) y, además, lo hacen instituciones que atienden necesidades de poblaciones vulnerables, como el caso del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), o de servicios básicos para la población y estratégicos para el desarrollo social y económico, como las empresas distribuidoras de electricidad.Además de solicitar prisión preventiva contra el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz y los coroneles Andrés Pacheco Varela, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández y Elías Camaño Pérez, el Ministerio Público solicita que el caso sea declarado complejo.La solicitud incluye al coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar y al primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos, al empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González, al coronel de la Policía Ramón Quezada Ortiz y al civil Bolívar Nicolás Fernández Espinal.Los imputados afectaron, además del Inaipi, al Seguro Nacional de Salud (Senasa) y a las empresas distribuidoras de electricidad del Norte (EdeNorte), del Este (EdeEste) y del Sur (EdeSur).La investigación del Ministerio Público partió de una denuncia remitida al Ministerio Público por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.