NOTI IMPACTO — La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia rechazó los recursos de casación interpuestos por William Lizandro Rosario Ortiz y Eladio Batista Valerio, condenados por su participación en el fraude del sorteo de la Lotería Nacional celebrado el 1 de mayo de 2021, declarando firme la sentencia condenatoria dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.En la misma decisión, el alto tribunal confirmó la absolución de Luis Maisichell Dicent, exdirector de la Lotería Nacional, ratificando el fallo emitido por el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional en marzo de 2023, así como la decisión de la corte de apelación que rechazó la pretensión del Ministerio Público de anular dicha sentencia.La Suprema Corte consideró que los jueces de fondo realizaron una correcta valoración de las pruebas aportadas durante el proceso, respetando los principios del debido proceso, la presunción de inocencia y la sana crítica, razón por la cual no se verificaron los vicios denunciados en los recursos de casación.En cuanto a Rosario Ortiz, la jurisdicción de apelación determinó su responsabilidad penal por violación a disposiciones del Código Penal Dominicano y de la Ley núm.

NOTI IMPACTO - Santo Domingo, R.D. – La abogada María del Pilar Zuleta, miembro de la defensa técnica del exministro de Hacienda Ángel Donald Guerrero Ortiz, afirmó este viernes que los RD$21 mil millones señalados por el Ministerio Público en el caso Calamar no tuvieron origen en fondos del Estado dominicano.Zuleta sostuvo que durante la audiencia preliminar fueron presentadas pruebas que, a juicio de la defensa, desmontan la acusación económica formulada contra su representado.“En el día de hoy hemos podido demostrar, en la audiencia preliminar del caso Calamar, de manera fehaciente, que los RD$21 mil millones atribuidos al señor Donald Guerrero no salieron del Estado”, declaró la jurista al ofrecer declaraciones a la prensa.El Ministerio Público imputa en este proceso, además de Guerrero Ortiz, a José Ramón Francisco de Jesús Peralta Fernández, exministro Administrativo de la Presidencia; Gonzalo Castillo Terrero, exministro de Obras Públicas; Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana, excontralor general de la República; y Rafael Porfirio Calderón Martínez, exsenador, entre otros exfuncionarios.Según el expediente acusatorio, una presunta red habría utilizado el organigrama del Estado para conformar una estructura criminal integrada por varias instituciones públicas, entre ellas el Ministerio de Hacienda, la Contraloría General de la República, la Dirección General de Bienes Nacionales, el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), la Dirección General de Catastro Nacional, el Banco de Reservas y la Dirección General de Presupuesto.El caso Calamar continúa en fase de audiencia preliminar, mientras el tribunal evalúa las pruebas presentadas por las partes antes de decidir sobre la apertura a juicio.

Todo para inscribirnos en una economía procesal.II. La propuesta fue rechazada y cuando llegó la audiencia del 12 de marzo 2025 hubo que aplazarla para el 2 abril, 2025 porque ella sustituyó al referido abogado, originándose un déficit procesal ante el citado cambio de abogado, aplazándose para 14 mayo 2025 a la vez que se ordenaba la prueba de ADN en Santiago por la proximidad, la cual se frustró por única vez, porque el artista Santos Muñoz tenía cita y estudios médicos en Santo Domingo, probado en documentos que creyó el tribunal y la misma señora, fijándose fecha para nueva experticia el 2 julio 2025.III. A la experticia del 2 julio 2025 Anthony Santos llegó a la sede del laboratorio primero que la señora Taveras y su niño, tomándole las muestras a ambos, fijándose audiencia para el 30 de julio 2025, a fin de brir el sobre lacrado delante de las partes, en pleno tribunal, sucediendo la apertura del referido sobre y Domingo Antonio Santos Muñoz otorgó aquiescencia a las conclusiones de dicha señora.IV. Problema inesperado.

La gravedad que tienen estos hechos es descomunal y justifica la medida de coersión que ha sido impuesta por el tribunal y la defenderemos a capa y espada cuando se conozca el recurso”, dijo el titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público al hablar a periodistas a su salida de la audiencia celebrada por la Corte de Apelación utilizando como espacio físico una de las salas en el Tribunal de la Jurisdicción Inmobiliaria, ubicado en el Centro de los Héroes.Camacho puntualizó que el Ministerio Público estaba preparado para conocer la audiencia de este lunes, la cual fue aplazada por el pleno de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional debido a que la imputada Ada Ledesma Hubiera se presentó sin abogado para su defensa.Al ser cuestionado sobre la ampliación de la investigación, Camacho precisó que el Ministerio Público continúa trabajando para llevar a los tribunales, en el menor tiempo posible, una versión 2.0 de Operación Cobra.“Nosotros nunca nos detenemos, seguimos trabajando con esta versión que hemos judicializado de Operación Cobra y estamos trabajando a toda marcha para en el menor tiempo posible tener en los tribunales la siguiente versión de Operación Cobra, tal como lo dijimos cuando se conoció este proceso de que habrá una versión 2.0 y la habrá en el menor tiempo posible”, dijo.Algunos periodistas le preguntaron sobre afirmaciones en torno al caso expresada por un abogado en ejercicio que apeló la coerción de todos los imputados, Camacho consideró que se trataba de una provocación.

Por ese caso están acusados los exministros Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo.“El doctor Santiago Hazim insistió en varias ocasiones que el dinero de ese negocio no era para otra cosa que no fuera para la campaña electoral”, le dijo José Pablo Ortiz Giráldez en su interrogatorio a los fiscales Alexis Piña Echavarría y Aurelio Valdez, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción (PEPCA), copia de los cuales tiene este diario.Expresó, además, que “este nuevo esquema duró un tiempo después de las elecciones presidenciales y congresuales de 2024” y que, contrario al dinero pagado a través de transacciones bancarias, donde recibía el 10% por su “participación como intermediario”, con esas entregas en efectivo nunca recibió su porcentaje acordado, ni supo cuánto dinero le fue entregado.En su interrogatorio, el amigo de 30 años de Santiago Hazim aseguró, además, que el exdirector de Senasa era “enfático en que todo eso iba para las elecciones y que, por tal razón, no me tocaba nada. Decía que teníamos que ganar las elecciones para mantenernos en el poder y que de esa manera volverían los tiempos de antes”.Otras de las excusas que supuestamente le daba Santiago Hazim para que no recibiera el 10% de los sobornos es que “había quedado con muchas deudas de la campaña electoral de 2024”.Ortiz Giraldez dijo que él tomaba el dinero y se lo entregaba directamente en las manos de Santiago Hazim en fundas negras.“Las entregas se realizaban en distintos lugares, a veces en la calle, otras veces en vehículos de su propiedad, esto es, propiedad de Santiago Hazim, en ocasiones en algún restaurante de la ciudad capital o en un apartamento, alquilado via AirBNB”, señaló en el interrogario Ortiz Giraldez.Contrario a las declaraciones de Ortiz Giráldez sobre el inicio del pago en efectivo, el empresario Eduardo Read Estrella, otro de los acusados en el caso, le aseguró a Mirna Ortiz, titular de la PEPCA y a Rosa Alba García Vásquez, fiscal de esa entidad, que con la vinculación de José Pablo Ortiz Giráldez en la “Operación Calamar” en septiembre de 2022, lo único que cambió fue la modalidad del pago, pasando de transacciones bancarias a entregas en efectivo.“En efectivo entregué la suma RD$1,109,010,761.29 aproximadamente desde el mes de septiembre de 2022 hasta el mes de agosto de 2025”, explicó Read Estrella.Sumado a esto, les dijo que “tres o cuatro meses antes de las elecciones” de 2024, Santiago Hazim le solicitó que le diera 25 millones de pesos “directamente para campaña, pero eso no fue de los contratos, fue de dinero propio, y yo le dije que quería entregarlo personalmente, pero Santiago Hazim dijo que no, que era a él que tenía que entregárselo, pero solo le di 12 millones”.Asimismo, Cinty Acosta, propietaria de la empresa Nutrimed y quien también admitió haber pagado sobornos, aseguró que con la vinculación de José Pablo Ortiz Giráldez al caso Calamar siguió entregando el dinero, esta vez en efectivo, al exconsultor jurídico de Senasa, Germán Rafael Robles Quiñones, a quien le entregó más de 536 millones de pesos.“Entonces, pasó a recibir la continuidad del 30% de los pagos en efectivo el señor Germán Robles, quien recibió un total en efectivo por más de RD$536,000,000.00, millones de pesos, él lo retiraba directamente en mi casa, en la Avenida Anacaona o en mi oficina”, explicó, indicando que esto fue durante el período de “finales de 2022 y el año 2023, inclusive”, ya que su contrato fue cancelado en febrero de 2021.Además, aseguró que entregó a Germán Robles 150,000 mil pesos como aporte a la “campaña de la candidatura a diputado del esposo de Dayelin Ceballos”.

NOTI IMPACTO - Santo Domingo.– En el marco de la conmemoración del Día del Poder Judicial, el abogado Miguel Alberto Surun Hernández externó su preocupación por la designación de Antoliano Peralta como ministro de Justicia, al considerar que esta decisión tiende a reforzar el control del sistema judicial por parte del Poder Político.Surun Hernández sostuvo que dicha designación podría garantizar la impunidad de los involucrados en el caso de presunta corrupción del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), así como en otros procesos que calificó de “escandalosos” y que, a su juicio, afectan al actual Gobierno.El jurista también cuestionó la sanción impuesta a Rigoberto Sena, juez que conoció el caso de Senasa, por haber fundamentado su decisión al conocer la medida de coerción contra los imputados en el presunto fraude a la aseguradora estatal en principios morales.

De su lado, familiares de la víctima rechazaron las declaraciones de Montero y precisaron que continuarán luchando para que se haga justicia en el caso de su pariente.

NOTI IMPACTO - Santiago.- En estos momentos, fueron trasladadas a la Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago las cuatro directivas del Instituto Integral Leonardo Da Vinci, imputadas por la muerte de la estudiante Stephora Anne-Mircie Joseph, de 11 años, quien falleció ahogada durante una excursión escolar en Gurabo el pasado 14 de noviembre.El Ministerio Público solicita la imposición de medidas de coerción que incluyen garantía económica, impedimento de salida del país, presentación periódica y localizadores electrónicos en el caso.Las procesadas son Iris del Carmen Reyes Adames (directora administrativa), Gisela Altagracia de las Mercedes González Estrella (coordinadora general), Francisca Josefina Tavárez Vélez (orientadora) y Vilma E. Altagracia Vargas Morel (coordinadora del nivel secundario).

NOTI IMPACTO - Haina, San Cristóbal, RD.- Familiares de un joven al que vinculan al asalto y muerte de una persona en Haina, y representantes de los Derechos Humanos, denunciaron que el mismo está siendo torturado en la dotación regional de la Policía Nacional en esa demarcación, donde fue entregado a las autoridades para ser investigado con relacion al caso.El abogado Carlos Sánchez, y Coordinador regional sur de los Derechos Humanos junto a la madre de Jhony Peña Castro, denunciaron que el joven fue entregado el lunes en la referida dotación por su señalamiento en el caso, sin embargo, aseguran que está siendo maltratado despiadadamente por agentes de la Dirección de Investigaciones Criminales (Dicrim).Ante esta situacion, el también activista de los Derechos Humanos, Jhonatan Báez, llamó a las autoridades a respetar la integridad del joven y a tomar muy en cuenta que es una persona operada de la cabeza, para evitar mayores traumas y consecuencias legales.De su lado, el doctor Csrlos Sánchez, consideró como una práctica abusiva recurrente que vulnera la integridad de las personas y podría acarrear consecuencias ante organismos internacionales.

Los accionantes reconocen la necesidad de una reforma penal integral, pero consideran que su aprobación no puede hacerse a costa de sacrificar principios constitucionales que protegen la libertad, la igualdad y la seguridad jurídica.Asimismo, afirman que la supremacía constitucional, consagrada en el artículo 6 de la Constitución, obliga a que toda ley contraria a ella sea declarada nula de pleno derecho, y recuerdan que corresponde al Tribunal Constitucional garantizar ese mandato.Las asociaciones solicitantes insisten en que su objetivo no es obstaculizar la modernización penal, sino contribuir a que esta se ajuste a los parámetros del Estado social y democrático de derecho y respete las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.Entre los puntos más controvertidos del nuevo Código, las entidades mencionan las normas sobre tentativa de homicidio, las penas aplicables a menores de edad, la eliminación de algunas garantías procesales y la tipificación imprecisa de delitos relacionados con la moral pública o la información digital.Los accionantes también observan que ciertas disposiciones otorgan a las autoridades facultades discrecionales amplias, lo que podría vulnerar el principio de separación de poderes y permitir interpretaciones judiciales o administrativas contrarias al espíritu de la Constitución.El documento cita la sentencia TC/0345/19, en la cual el Tribunal Constitucional reconoció la legitimidad procesal de las personas jurídicas para interponer acciones directas de inconstitucionalidad, y recuerda que esta jurisprudencia refuerza la participación de asociaciones profesionales en la defensa del orden constitucional.La AIDP-GD, filial dominicana de la Asociación Internacional de Derecho Penal fundada en París en 1924, y la AAPE, con más de cuatro décadas de labor gremial, argumentan que la acción presentada busca preservar la coherencia del sistema jurídico dominicano con los estándares de justicia penal reconocidos a nivel internacional.Ambas instituciones destacaron que la actualización del Código Penal era impostergable, pero que debía hacerse con rigor técnico y respeto absoluto a los derechos humanos, evitando reproducir figuras del siglo XIX o incorporar delitos con descripciones ambiguas que abran espacio a arbitrariedades.Los juristas esperan que el Tribunal Constitucional acoja el recurso, convoque a audiencia pública y, tras un análisis detenido, declare la nulidad de los artículos impugnados por contravenir la Constitución y el bloque de convencionalidad.De admitirse la acción, el proceso podría convertirse en uno de los debates constitucionales más relevantes de los últimos años, al colocar bajo revisión la reforma penal más ambiciosa emprendida en más de un siglo en la República Dominicana.

Reiteró que ese es el enfoque de la gestión de la ministra Faride Raful y del presidente Luis Abinader, al impulsar iniciativas que promuevan una cultura de paz desde el territorio.El programa integra acciones de prevención de la violencia, generación de oportunidades para la juventud, apoyo a familias vulnerables y un componente de proximidad policial enfocado en reconstruir la confianza entre ciudadanos y autoridades.La iniciativa incluye operativos comunitarios, jornadas de servicios sociales, orientación ciudadana y actividades recreativas, además de la coordinación con instituciones locales para impulsar el desarrollo integral de la provincia.Autoridades municipales, líderes comunitarios y representantes de organizaciones sociales valoraron la iniciativa, resaltando que “Garantía de Paz” representa una oportunidad real para mejorar la convivencia pacífica en El Valle y en toda la provincia de Hato Mayor.Con esta entrega, el Ministerio de Interior y Policía reafirma su compromiso de extender el plan a cada rincón del país, promoviendo la seguridad ciudadana desde un enfoque integral, humano y articulado entre distintas entidades del Estado.

Guzmán Peralta, debe probar que esa auditoria es mentiras, esperamos que próximamente el PEPCA y la fiscalia anticorrupcion lo llamen" apuntó Rosario.Agregó que el procedimiento de la querella presentada por Guzmán Peralta, es infundada, toda vez, que la denuncia realizada por Nelson Gutiérrez, en su facultad de directivo del Consejo Nacional de los Derechos Humanos, no constituye difamación, al contrario es un deber constitucional denunciar los hechos cometidos en la administración pública por cualquier funcionario, cómo es el caso.que nos ocupa.La barra de defensa del Consejo Nacional de los Derechos Humanos, Conadehu, Inc., a parte de Rogoberto Rosario, quien la coordina, están los juristas, Jenchy Suero y Carlos Sanchez