Los accionantes reconocen la necesidad de una reforma penal integral, pero consideran que su aprobación no puede hacerse a costa de sacrificar principios constitucionales que protegen la libertad, la igualdad y la seguridad jurídica.Asimismo, afirman que la supremacía constitucional, consagrada en el artículo 6 de la Constitución, obliga a que toda ley contraria a ella sea declarada nula de pleno derecho, y recuerdan que corresponde al Tribunal Constitucional garantizar ese mandato.Las asociaciones solicitantes insisten en que su objetivo no es obstaculizar la modernización penal, sino contribuir a que esta se ajuste a los parámetros del Estado social y democrático de derecho y respete las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.Entre los puntos más controvertidos del nuevo Código, las entidades mencionan las normas sobre tentativa de homicidio, las penas aplicables a menores de edad, la eliminación de algunas garantías procesales y la tipificación imprecisa de delitos relacionados con la moral pública o la información digital.Los accionantes también observan que ciertas disposiciones otorgan a las autoridades facultades discrecionales amplias, lo que podría vulnerar el principio de separación de poderes y permitir interpretaciones judiciales o administrativas contrarias al espíritu de la Constitución.El documento cita la sentencia TC/0345/19, en la cual el Tribunal Constitucional reconoció la legitimidad procesal de las personas jurídicas para interponer acciones directas de inconstitucionalidad, y recuerda que esta jurisprudencia refuerza la participación de asociaciones profesionales en la defensa del orden constitucional.La AIDP-GD, filial dominicana de la Asociación Internacional de Derecho Penal fundada en París en 1924, y la AAPE, con más de cuatro décadas de labor gremial, argumentan que la acción presentada busca preservar la coherencia del sistema jurídico dominicano con los estándares de justicia penal reconocidos a nivel internacional.Ambas instituciones destacaron que la actualización del Código Penal era impostergable, pero que debía hacerse con rigor técnico y respeto absoluto a los derechos humanos, evitando reproducir figuras del siglo XIX o incorporar delitos con descripciones ambiguas que abran espacio a arbitrariedades.Los juristas esperan que el Tribunal Constitucional acoja el recurso, convoque a audiencia pública y, tras un análisis detenido, declare la nulidad de los artículos impugnados por contravenir la Constitución y el bloque de convencionalidad.De admitirse la acción, el proceso podría convertirse en uno de los debates constitucionales más relevantes de los últimos años, al colocar bajo revisión la reforma penal más ambiciosa emprendida en más de un siglo en la República Dominicana.
Reiteró que ese es el enfoque de la gestión de la ministra Faride Raful y del presidente Luis Abinader, al impulsar iniciativas que promuevan una cultura de paz desde el territorio.El programa integra acciones de prevención de la violencia, generación de oportunidades para la juventud, apoyo a familias vulnerables y un componente de proximidad policial enfocado en reconstruir la confianza entre ciudadanos y autoridades.La iniciativa incluye operativos comunitarios, jornadas de servicios sociales, orientación ciudadana y actividades recreativas, además de la coordinación con instituciones locales para impulsar el desarrollo integral de la provincia.Autoridades municipales, líderes comunitarios y representantes de organizaciones sociales valoraron la iniciativa, resaltando que “Garantía de Paz” representa una oportunidad real para mejorar la convivencia pacífica en El Valle y en toda la provincia de Hato Mayor.Con esta entrega, el Ministerio de Interior y Policía reafirma su compromiso de extender el plan a cada rincón del país, promoviendo la seguridad ciudadana desde un enfoque integral, humano y articulado entre distintas entidades del Estado.
Guzmán Peralta, debe probar que esa auditoria es mentiras, esperamos que próximamente el PEPCA y la fiscalia anticorrupcion lo llamen" apuntó Rosario.Agregó que el procedimiento de la querella presentada por Guzmán Peralta, es infundada, toda vez, que la denuncia realizada por Nelson Gutiérrez, en su facultad de directivo del Consejo Nacional de los Derechos Humanos, no constituye difamación, al contrario es un deber constitucional denunciar los hechos cometidos en la administración pública por cualquier funcionario, cómo es el caso.que nos ocupa.La barra de defensa del Consejo Nacional de los Derechos Humanos, Conadehu, Inc., a parte de Rogoberto Rosario, quien la coordina, están los juristas, Jenchy Suero y Carlos Sanchez
La acción, respaldada por el INDOCAL, que confirmó la falta de aditivos biodegradables en estos productos, busca proteger la salud pública y el ecosistema dominicano.Con un plazo de cinco días hábiles, Aquino y Ripoll exigen retirar del mercado los productos no conformes y presentar informes de cumplimiento, advirtiendo sobre posibles demandas civiles y penales por daños ambientales si no se acata la ley.