Estas declaraciones, sostienen los querellantes, han afectado gravemente su honor, reputación y credibilidad profesional.Por ello, basan su acusación en la violación de los artículos 367, 371 y 373 del Código Penal Dominicano, por lo que piden la imposición de sanciones penales, así como la reparación de los daños morales ocasionados.Entre las solicitudes de los querellantes, se incluye una indemnización de RD$100,000,000.00 y una disculpa pública por parte del imputado a través de los mismos medios en que se difundieron las declaraciones.Las víctimas y acusadores privados han puesto a disposición pruebas documentales, audiovisuales y testimoniales que, según argumentan, demuestran la falsedad de las imputaciones realizadas por Valerio Jiminián.De igual forma, solicitaron la intervención del Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (DICAT) para certificar la veracidad de los registros digitales aportados en el proceso.Con esta acción, los querellantes buscan no solo reivindicar su honor, sino también sentar un precedente sobre la responsabilidad y las consecuencias legales de emitir declaraciones difamatorias sin sustento.Asimismo, el señor Fuller y su representante legal se quejaron contra la fiscal titular de Higüey, Claudia Lorena Garrido C, por desobedecer una orden de arresto contra la señora María Elvira Ramírez viuda Fuller, contra quien el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Higüey dictó orden de arresto, pero la fiscal no aplicó dicha medida dejándola en libertad bajo fianza.En tal sentido, interpusieron su queja ante la Inspectoría del Ministerio Público en contra de la fiscal por la puesta en libertad de la acusada de estafa y otras irregularidades dentro de la sucesión de los bienes de la familia Fuller, según el expediente 187-2024-EPEN-01173, interpuesto por los herederos.

NOTI IMPACTO - La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) activó su plan de emergencias en el sistema penitenciario para mitigar posibles efectos de las lluvias provocadas por una vaguada que incide en el país.La medida se corresponde con lo establecido en el plan de contingencia institucional que se enfoca en proteger a las personas privadas de libertad y al personal que labora en los centros penitenciarios, así como las plantas físicas.Para la ejecución de la prevención de posibles daños por las lluvias, el Comité de Mitigación de Riesgos de la DGSPC trabaja para garantizar la seguridad y el funcionamiento de los centros penitenciarios.Las medidas incluyen que los directores de centros permanezcan en sus puestos de trabajo para atender posibles emergencias y resguardar las vidas de los privados de libertad y la del personal administrativo, apegados a las recomendaciones de los organismos de socorro de sus provincias, con quienes deben mantener contacto permanente.Los centros penitenciarios también son reforzados con la provisión de alimentos, agua potable, linternas y medicamentos de primeros auxilios.En estos momentos los directores de centros se mantienen en contacto con los organismos de socorro de sus respectivas provincias, además se realizan labores de limpieza en los patios de los recintos para evitar cúmulos de agua que puedan afectar las áreas interiores.El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene bajo alerta a varias provincias ante posibles inundaciones asociadas a las lluvias provocadas por un ambiente húmedo y una vaguada en varios niveles de la troposfera. 

NOTI IMPACTO - El Ministerio Público ejecutó una orden de captura contra Nelson Serret Sugrañez, Yesenia Serret Aponte, Jorge Serret Sugrañez y Carlos Alberto Serret Sugrañez, en virtud de una sentencia que convierte en definitiva la condena que pesa en contra de esos procesados por el  fraude multimillonario en el Banco Peravia.La recién creada  Unidad de Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados (Ucaprec) del Ministerio Público, que encabeza la fiscal Andry De Los Santos, agotó el procedimiento después de tramitar una solicitud ante Katerine A. Rubio,  jueza suplente del Tribunal de Ejecución de la Pena del Departamento Judicial del Distrito Nacional, quien emitió el auto número 249-01-2025-SAUT-00576, de fecha 29 de abril de este 2025.De Los Santos, directora de la referida unidad adscrita a la Dirección General de Persecución y creada por el Consejo Superior del Ministerio Público el pasado 21 de marzo, presentó ayer jueves ante el Tribunal de la Ejecución de la Pena a los condenados, quienes permanecen en el Centro de Privación de Libertad (CPL) del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en el Distrito Nacional.Contra Nelson Serret Sugrañez pesa una condena de siete años de prisión por los crímenes de asociación de malhechores para cometer falsedad en escritura de banco y privada, uso de escritura falsa, estafa, abuso de confianza, y violación a la ley monetaria y financiera.El sentenciado debe, además, pagar una multa de dos millones de pesos por los hechos sancionados en los artículos 265, 266,147, 148, 150, 151, 405 y 408 del Código Penal dominicano, así como varios artículos de la Monetaria y Financiera (Ley 183-02).También Yesenia Serret Aponte deberá cumplir una pena de siete años por los mismos delitos, así como al pago de una multa de dos millones de pesos.En el caso de Jorge Serret Sugrañez y Carlos Alberto Serret Sugrañez, en su contra pesan condenas de  tres años de prisión y al pago de una multa de un millón de pesos.

En el lugar se ocuparon 34 porciones de cocaína con un peso estimado de 38.51 gramos, según certificado número SC2-2024-08-19-007721 del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).En el conocimiento del juicio, la representante del Ministerio Público, Claudia Cecilia Román, presentó ante los jueces las pruebas que comprometen la responsabilidad penal de Romero Castillo en el tráfico de drogas.  El ahora condenado fue declarado culpable de violar los artículos 4, letra D; 5, letra A; artículo 75, párrafo II, de la citada Ley 50-88.La sentencia, dictada por los jueces Manuel Antonio Carela, Biannelys Martínez Calvo y Felicia Núñez de Jesús, deberá ser cumplida en el Centro de Privación de Libertad Juana Núñez, del municipio Salcedo.

Cada edición reúne a jefes de Estado, jueces, fiscales internacionales, catedráticos, abogados, diplomáticos y representantes de organismos multilaterales en un espacio de reflexión plural e incluyente.El Congreso Mundial de Derecho, bajo el lema “El Mayor Congreso Mundial del Derecho Llega a Santo Domingo”, promete ser un espacio de gran impacto para la actualización de los abogados y el fortalecimiento del derecho a nivel global.En este encuentro se darán cita más de 45 presidentes de cortes supremas y tribunales constitucionales del mundo, además de la presencia del Rey de España, Felipe VI, quien tendrá a cargo entregar a la jueza de la Suprema Corte de los Estados Unidos Sonia Sotomayor, el galardón World Peace & Liberty Award, una especie de Premio Nobel del Derecho.Para Potentini este simposio reafirma el posicionamiento del país como un referente en la región en materia de justicia, modernización del derecho y fortalecimiento democrático, motivando también a los abogados dominicanos a participar activamente en esta actividad de carácter internacional, que reunirá a 300 expertos panelistas, provenientes de 70 países.Este evento será una oportunidad única para que los juristas dominicanos adquieran conocimientos actualizados sobre los más recientes avances en el ámbito del derecho global.“Representando una ocasión invaluable para que nuestros juristas interactúen con expertos internacionales, fortalezcan sus redes profesionales y enriquezcan sus conocimientos en áreas clave del derecho.

NOTI IMPACTO - La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, consideró que la sociedad dominicana está pendiente sobre las imputaciones penales “graves y serias” que pesan sobre Jean Alain Rodríguez Sánchez.“Nos preguntamos si ellos (los procesados por corrupción) tuvieron esa misma sensibilidad cuando se robaron el patrimonio público”, dijo la procuradora de corte, al responder a los periodistas que le preguntaron sobre la información de una decisión de los jueces del Tribunal Constitucional respecto al nombre con el que el Ministerio Público designó la operación con la que busca procesar al imputado Rodríguez Sánchez y compartes, como parte de su lucha contra la impunidad y la corrupción.Lamentó “que esté en tela de juicio la denominación que aplique el Ministerio Público a un determinado caso de corrupción; cuando a lo que verdaderamente deberíamos estar pendientes es a las imputaciones graves, serias, que pesan sobre el exprocurador Jean Alain Rodríguez y el resto de los acusados”.“Ahora mismo la sensibilidad y la susceptibilidad están a flor de piel por una denominación que el Ministerio Público pone sobre sus casos.

NOTI IMPACTO -  Acogiendo la petición del Ministerio Público, el Tribunal Colegiado de La Altagracia condenó a 30 años de prisión a tres hombres que traficaron más de 185 kilogramos de drogas en el año 2022, la cual transportaban en una embarcación desde Cartagena, Colombia, hacia República Dominicana.Los dominicanos Gustavo Adolfo Lamoni, José Luis Alcalá de la Cruz y Anthony Sánchez de la Rosa fueron condenados tras ser declarados culpables de tráfico internacional de drogas.La pena máxima le fue impuesta a los tres procesados porque la droga sería utilizada para consumo en el país, lo cual constituye un agravante de ese delito.El arresto de los tres hombres se ejecutó de manera flagrante el 2 de febrero del año 2022, alrededor de la 1:42 de la madrugada, por agentes de la Armada de la República Dominicana, en la comunidad Los Melones, en el Distrito Municipal de Bayahíbe, al sur del municipio San Rafael del Yuma.El expediente detalla que, al ser requisada dicha embarcación, se ocuparon siete (7) sacos de nylon, conteniendo en su interior la cantidad de ciento setenta y cinco (175) paquetes de drogas.Indica que las sustancias narcóticas fueron enviadas al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y, al ser analizadas en su laboratorio, se determinó que 181.50 kilogramos correspondían a cocaína clorhidratada y 4.68 libras a marihuana, lo cual consta en un certificado de análisis químico forense.Adolfo Lamoni y José Luis Alcalá de la Cruz fueron arrestados dentro de la embarcación.

Justicia y Sociedad El programa Justicia y Sociedad 2025 una iniciativa que desarrolla la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ) y que busca acercar el Poder Judicial a las comunidades para contribuir con la transparencia y el acceso de las y los usuarios del sistema.

NOTI IMPACTO  - El senador por el Distrito Nacional, Omar Fernández, presentó este lunes un proyecto de ley con un conjunto de medidas urgentes y extraordinarias orientadas a garantizar el acceso ágil, gratuito y digno a servicios y procedimientos que garanticen su dignidad.Entre las 10 medidas, incluye la creación de Registro Nacional de Afectados, a cargo del Consejo Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres, datos que servirán como fuente oficial de alimentación para las instituciones que trabajarán la aplicación de las medidas de asistencia a los sobrevivientes, sucesores, dependientes.Según el proyecto, los menores de edad que perdieron a sus padres serán reconocidos como sujetos de protección prioritaria del Estado y se les acompañará en la gestión expedita de garantía de educación básica, media y superior.Además, establece la inclusión en los esquemas de pensiones solidarias a quienes por su condición económica lo necesiten.El proyecto ordena la liberación del impuesto de sucesión patrimonial en transferencias a sus deudos con un tope de hasta RD$10 millones por caso.Asimismo, el proyecto plantea facilitar los procesos de adopción y tutela de los menores en desamparo y ordena a la Suprema Corte de Justicia crear una unidad especial, con carácter Ad-Hoc y temporal, para agilizar los procesos judiciales relativos a la protección de los derechos de los sobrevivientes y sucesores de la tragedia del Jet Set.Con relación a liberación de recursos de pensiones, seguros de vida y recursos bancarios, conforme al proyecto deberán entregarse en un plazo no mayor a 30 días una vez concluidos los procedimientos legales que le anteceden.El senador de la Fuerza del Pueblo estableció que es un tema de humanidad acompañar a las familias a transitar sin traumas este proceso, para garantizar su reinserción en la sociedad.“Aprobar esta ley, más que un gesto de amor y solidaridad representa un acto de justicia social para quienes nos han elegido sus representantes”, expresó el legislador.

NOTI IMPACTO- Tras la tragedia ocurrida la madrugada del pasado martes 8 de abril, que dejó como saldo 231 muertos y más de 150 heridos, al desplomarse el techo de la Discoteca Jet Set, el abogado Vinicio Aquino Figuereo, aseguró que la responsabilidad que pueda desprenderse del lamentable suceso, deberá ventilarse en el ámbito civil, ya que no constituye un delito penal.Precisó, que en el caso de la especie, no hay un hecho per se, de persona a persona, de que con imprudencia se haya ocasionado la muerte o golpes y heridas a una persona X, por lo que aseguró que de ser así, entraría el artículo 319 y 321 del Código Penal, que castiga la imprudencia y diligencia para cometer estos hechos, con pena correccional de 2 meses a 2 años de prisión, dijo."Hemos escuchado algunos togados que se han adelantado a depositar demandas contra los propietarios de la Discoteca Jet Set ante el hecho que ha conmocionado al país y parte del mundo, sin embargo, estas demandas son extemporánea, toda vez que todavía no se han recogido los elementos necesarios que demuestren el tipo de responsabilidad que se pueda aplicar y a quien va a tocar esa responsabilidad" aclaró.El profesional del derecho, indicó que "no hemos visto un levantamiento realizado por los bomberos que determine si fue una explosión, si hubo empuje, no se sabe, tampoco sabemos si existen los permisos correspondientes que debió otorgar el Ayuntamiento del Distrito Nacional, ya que una obra de esta magnitud conlleva una permisologia, habría que ver también qué ingeniero trabajó en esta obra, osea, son muchas las pesquisas e investigaciones que faltan por desarrollar para determinar el tipo de responsabilidad que esto implica, y apoderar el tribunal correspondiente para que no sea rechazada la demanda" Precisó que en el caso per se, que es lo que más preocupa al pueblo, hay que ser responsables como profesionales del derecho y emitir los juicios correspondientes que ordena la ley "en esta acasion, si es como empresa que operaba el Jet Set, esto lo que tiene es personería jurídica no física, por lo que lamentablemente va a tomar la rienda del caso los canales civiles correspondientes y ahí entra lo que es el artículo 1382 hasta 1386 del Código Civil Dominicano que establece responsabilidad realmente, sobre edificios, negocios y administradores, pero no en el ámbito penal" señaló.El abogado Vinicio Aquino Figuereo, coincidió en señalar que es entendible que debe haber responsabilidad en el fatídico suceso, pero reiteró que sería en el ámbito civil "pero habría que empezar a tejer y buscar las herramientas y fundamentos necesarios que establezcan el tipo de responsabilidad que habría que aplicarse" concluyó.

NOTI IMPACTO -  La Procuraduría General de la República ha ordenado una investigación formal sobre el trágico colapso ocurrido en la discoteca Jet Set, suceso que ha dejado un saldo de 226 personas entre fallecidos y hospitalizados, algunos en estado crítico.Según fuentes del Ministerio Público, la Dirección General de Persecución, en conjunto con la Fiscalía del Distrito Nacional, está a cargo de las indagatorias para esclarecer las causas del siniestro.Entre las víctimas se encuentra el reconocido merenguero Rubby Pérez, cuya hija, Zulinka Pérez, anunció que tomará acciones legales contra los propietarios del establecimiento, a quienes responsabilizan por la tragedia.Este domingo concluye el luto nacional de seis días decretado por el presidente Luis Abinader.

En dicha reunión le fue planteado a la Magistrada Reyes Acosta la pertinencia de suscribir un acuerdo de cooperación técnica interinstitucional entre el Ministerio Público, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Agricultura, Dirección General de Ganadería, Colegio Dominicano de Médicos Veterinarios (COLVET)  y la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU).   También, conversaron sobre las sanciones contra los mataderos no regulados y su clausura por parte del Ministerio de Salud Pública con la preocupación sobre su reapertura irregular, promover el bienestar animal a través de las acciones de lugar, así como revisión del compendio legislativo vigente sobre sanidad y protección animal para su actualización.   Además, fue tratado tanto el tema del robo de animales como la problemática con la emisión del documento de propiedad de los mismos.   En la reunión participaron los doctores Geovanny Molina, Farailda Troncoso, George Monsanto y Ana Martínez, director general, asesora técnica, miembro de la división de enfermedades menores y médico veterinario de la Dirección General de Ganadería del Ministerio de Agricultura, respectivamente.   Asimismo, los doctores José Segura y Luis Martínez, vicepresidente y secretario general de COLVET,  y el licenciado Jorge Paniagua, asesor legal de entidad.