NOTI IMPACTO – Santo Domingo. En un acto sin precedentes, los ciudadanos Hernani Aquino y Ricardo Ripoll han puesto en jaque a empresas e instituciones dominicanas al notificar una puesta en mora para exigir el cumplimiento de la Ley 225-20, que prohíbe la producción, importación y comercialización de envases de poliestireno expandido (foam) no biodegradable. Representados por los abogados Máximo Juan Miñoso Santoni y Hanfiel Antonio Polanco Ramos, han intimado a entidades como Centro Cuesta Nacional, Grupo Ramos, el Ministerio de Medio Ambiente y otros a cesar de inmediato el uso de foam no certificado, amparados en el derecho constitucional a un medio ambiente sano y en normativas como el Acuerdo de París. La acción, respaldada por el INDOCAL, que confirmó la falta de aditivos biodegradables en estos productos, busca proteger la salud pública y el ecosistema dominicano.
Con un plazo de cinco días hábiles, Aquino y Ripoll exigen retirar del mercado los productos no conformes y presentar informes de cumplimiento, advirtiendo sobre posibles demandas civiles y penales por daños ambientales si no se acata la ley. Esta iniciativa ciudadana, alineada con los principios de economía circular y responsabilidad extendida del productor, marca un hito en la lucha por un futuro sostenible en la República Dominicana. Los requirentes instan a adoptar alternativas reciclables o biodegradables certificadas, reafirmando el poder de la ciudadanía para exigir un país más verde y responsable.
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