nuevo Código Penal

Los accionantes reconocen la necesidad de una reforma penal integral, pero consideran que su aprobación no puede hacerse a costa de sacrificar principios constitucionales que protegen la libertad, la igualdad y la seguridad jurídica.Asimismo, afirman que la supremacía constitucional, consagrada en el artículo 6 de la Constitución, obliga a que toda ley contraria a ella sea declarada nula de pleno derecho, y recuerdan que corresponde al Tribunal Constitucional garantizar ese mandato.Las asociaciones solicitantes insisten en que su objetivo no es obstaculizar la modernización penal, sino contribuir a que esta se ajuste a los parámetros del Estado social y democrático de derecho y respete las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.Entre los puntos más controvertidos del nuevo Código, las entidades mencionan las normas sobre tentativa de homicidio, las penas aplicables a menores de edad, la eliminación de algunas garantías procesales y la tipificación imprecisa de delitos relacionados con la moral pública o la información digital.Los accionantes también observan que ciertas disposiciones otorgan a las autoridades facultades discrecionales amplias, lo que podría vulnerar el principio de separación de poderes y permitir interpretaciones judiciales o administrativas contrarias al espíritu de la Constitución.El documento cita la sentencia TC/0345/19, en la cual el Tribunal Constitucional reconoció la legitimidad procesal de las personas jurídicas para interponer acciones directas de inconstitucionalidad, y recuerda que esta jurisprudencia refuerza la participación de asociaciones profesionales en la defensa del orden constitucional.La AIDP-GD, filial dominicana de la Asociación Internacional de Derecho Penal fundada en París en 1924, y la AAPE, con más de cuatro décadas de labor gremial, argumentan que la acción presentada busca preservar la coherencia del sistema jurídico dominicano con los estándares de justicia penal reconocidos a nivel internacional.Ambas instituciones destacaron que la actualización del Código Penal era impostergable, pero que debía hacerse con rigor técnico y respeto absoluto a los derechos humanos, evitando reproducir figuras del siglo XIX o incorporar delitos con descripciones ambiguas que abran espacio a arbitrariedades.Los juristas esperan que el Tribunal Constitucional acoja el recurso, convoque a audiencia pública y, tras un análisis detenido, declare la nulidad de los artículos impugnados por contravenir la Constitución y el bloque de convencionalidad.De admitirse la acción, el proceso podría convertirse en uno de los debates constitucionales más relevantes de los últimos años, al colocar bajo revisión la reforma penal más ambiciosa emprendida en más de un siglo en la República Dominicana.

Añade que "Esta reforma es un paso firme hacia una justicia más equitativa, moderna y sensible a las necesidades de todos los sectores de la sociedad”.Asimismo, la CASC resalta la inclusión de medidas que contribuyen a la prevención del delito, la resocialización de los infractores y la reparación del daño a las víctimas, como parte de un enfoque integral y humanista de la justicia penal.La Confederación reconoce el esfuerzo institucional que ha permitido concretar esta reforma, luego de múltiples intentos durante décadas, y exhorta a que se garantice su implementación efectiva, con procesos de formación, socialización y fortalecimiento de las capacidades del sistema de justicia penal.Del Río Doñé recordó que el propio presidente Abinader defendió la promulgación del nuevo Código Penal (Ley 74-25), que entrará en vigencia en el 2026, no es perfecta ni ideal, pero sí “la posible” dentro del contexto político y social actual.“La verdad es, y repito, que no hay ninguna ley perfecta.